Greenpeace ha presentado este martes un informe en el que acusa al sistema integrado de gestión de Ecoembes –que se encarga de los residuos de los contenedores amarillo y azul– de «mentir» tanto en los datos de cifras de reciclaje como en la gestión de los residuos y a la que acusa de ser un «obstáculo» al reciclaje en España y, al mismo tiempo, pide al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que diseñe una ley de residuos ambiciosa en la que se apueste «hasta para las colillas» por el Sistema de Depósito y Devolución de Residuos (SDDR).
Durante la presentación del informe ‘Ecoembes miente: Desmontando los engaños de la gestión de residuos de envases domésticos’, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha denunciado las «deficiencias» del actual sistema de gestión de envases en España, de la falta de transparencia y trazabilidad de los datos y que 20 años después de su implantación no pone fin a la «avalancha» de plásticos que invade el planeta.
Así, insta a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, a elaborar una ley de residuos que apueste «sin ambages» por que la tasa de punto verde que se paga por gestionar sea gestionado por las administraciones públicas y se destine a implantar un SDDR y no a «falsas soluciones», de modo que sean las administraciones públicas las encargadas de reciclar en vez de Ecoembes, a la que acusa de ejercer un «monopolio inaceptable, formado por las principales marcas contaminantes».
Asimismo, reclama a la ministra una ambiciosa trasposición de la directiva de plásticos que fomente medidas reales, que elimine los envases de un solo uso del mercado y que los envases se puedan reciclar al cien por cien, e incluso que conviva el SDDR con sistemas como el puerta a puerta, «todos los sistemas de gestión que acaben con este monopolio».
Por otro lado, reclama a las administraciones un mayor control a las empresas que incumplan la normativa y se regule la exportación de plásticos, investigue posibles fraudes y prácticas ilegales.
En cuanto a los ciudadanos, les pide que cambien de mentalidad contra el plástico que anega a los océanos y afecta a la salud, rechacen envases de usar y tirar, el exceso de envasado, apueste por productos a granel y consuma agua de grifo y evite los tetrabricks que son difíciles de reciclar. «En la ciudadanía está el motor del cambio», destaca.
«Nuestra esperanza es que la ciudadanía se motive más cuando haya un SDDR, porque los ciudadanos ven la avalancha de plásticos que nos está anegando», desea.
Por su parte, el responsable de residuos de Greenpeace, Julio Barea, ha denunciado que los datos de Ecoembes son «falsos» ya que frente a una tasa de reciclado de envases domésticos del 78,8 en 2018 (últimos datos disponibles de Ecoembes), afirma que apenas recupera y recicla el 25 por ciento.
FALTA DE CONTROL ADMINISTRATIVO
«No damos por válidos los datos que da el Ministerio ni los de Eurostat. No son válidos. Las comunidades autónomas no tienen capacidad de tomar datos», ha manifestado Barea a Europa Press, al tiempo que considera las administraciones deberían tener un órgano de control que audite y controle realmente las cifras.
Precisamente, opina que este es un momento «propicio», con la reconstrucción económica post-pandemia en clave de transición ecológica, para abordar una gestión de residuos del siglo XXI e insta a transponer la directiva de plásticos, a desarrollar la estrategia de economía circular y el anteproyecto de ley de residuos, de manera «ambiciosa».
Barea explica que el informe de Greenpeace lleva detrás una larga investigación en la que ha detectado «fallos del sistema» y concluye que los plásticos terminan en vertederos, en incineradoras o son exportados a países como Malasia, quemados o bien, abandonados en el medio ambiente.
«Las adjudicatarias de Ecoembes guardan plástico de forma irregular e ilegal, los entierran y/o exportan aprovechando las ambigüedades y huecos del sistema. Es inaceptable. La falta de control hace que algunos exportadores puedan llevar los residuos plásticos a terceros países donde la gestión de los residuos tiene estándares cuestionables», ha apostillado el responsable de residuos de Greenpeace, que culpa de esta situación a la «dejación de las administraciones central y autonómicas».
Asimismo, Barea acusa a Ecoembes de «bloquear alternativas a su deficiente gestión de envases» como por ejemplo el SDDR que «podría aplicarse incluso a las colillas de cigarrillos» y que ya se aplica a pilas, neumáticos o electrodomésticos. A su juicio, la gestión actual genera un sobrecoste que afecta a los ciudadanos.
Por otro lado, la ONG denuncia una falta de transparencia en los datos que «interesa al Ministerio» para evitar multas europeas por la deficiente gestión y respecto a los cuales estima que Ecoembes debería tener la «responsabilidad de controlar» lo que las empresas a las que adjudica los envases recuperados reciclan, exportan o incineran.
En este contexto, ha alertado sobre el «alarmante aumento de incendios presuntamente fortuitos» en plantas de reciclaje. En concreto, asegura que de las plantas que han sufrido incendios, 36 «son o han sido» adjudicatarias del SIG y de ellas, 26 han sufrido más de un incendio entre 2012 y 2016. En lo que va de año, asegura que se han producido 342 incendios en plantas de residuos, algo que califica de «más que sospechoso», por lo que pide a las autoridades que investiguen estos siniestros.
