Congreso de los Diputados
La comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro se ha reunido hoy para trazar el plan de trabajo de esta herramienta en el curso político. Y se ha rechazado llamar a comparecer a los presidentes de los grandes bancos y constructoras.
En la reunión celebrada este martes, la comisión ha rehusado la comparecencia de la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, el presidente del BBVA, Francisco González y el expresidente de La Caixa, Isidre Fainé. Tampoco han prosperado las comparecencias del presidente de la constructora ACS, Florentino Pérez, ni del que fuera presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, según enumera Europa Press.
Tampoco acudirán los expresidentes del Gobierno José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero no, cumpliendo el plan de populares y socialistas de limitar a un nivel inferior la comparecencia de altos cargos políticos.
“Hemos buscado que esta Comisión no fuera un circo, como quería Podemos, y evitar el pasteleo de PP y PSOE”, declaraba al término de la reunión el representante de Ciudadanos Toni Roldán.
Desde el PSOE, el diputado Pedro Saura ha defendido que la comisión ha pedido “centenares de informes para conocer toda la verdad, y que comparezcan los verdaderos responsables”. «Queremos que se conozca toda la verdad, luz y taquígrafos, y que vengan los verdaderos responsables de lo que ha sucedido», ha afirmado hoy el portavoz de Economía del PSOE.
Quienes sí pasarán por la tribuna del Congreso a cuenta de la crisis financiera serán el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y los vicepresidentes económicos Rodrigo Rato, Pedro Solbes y Elena Salgado, según ha informado a los medios la presidenta de la comisión, la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, a la salida de la reunión en la que, ha aclarado, las comparecencias se han acordado por unanimidad.
En esta línea, también se ha decidido que acudan a la comisión el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y los expresidentes de Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho.
El objetivo de esta comisión es «conocer, analizar y evaluar con profundidad y rigor las causas que originaron la crisis financiera y económica de España, desde su gestación hasta el estallido de la burbuja de crédito inmobiliario, y su impacto en el sector financiero español», estudiar la evaluación del endeudamiento privado frente al exterior, y las políticas económicas, monetarias y financieras adoptadas.
Por otro lado, “evaluar las políticas de reestructuración y saneamiento del sector financiero así como la gestión que originó la situación financiera del grupo BFA-Bankia, su salida a Bolsa y su posterior rescate financiero y nacionalización” y estudiar las “actuaciones de los organismos de supervisión llevadas a cabo durante la gestación de la crisis hasta su resolución, y los problemas y necesidades que presentaban las instituciones nacionales y europeas en la prevención y gestión de crisis financieras” son otras de sus pretensiones.
La Cámara quiere, asimismo, analizar “las políticas de supervisión más eficaces para la prevención y gestión de crisis financieras derivadas, en especial, de la evolución macroeconómica”, detectar los “problemas institucionales de gobernanza de las cajas de ahorro y su incapacidad para captar recursos en los mercados, con especial referencia a las actuaciones que efectuaron los órganos de administración así como las administraciones públicas competentes”.
Por último, se abordarán medidas para “garantizar la máxima transparencia en la gestión de las entidades de crédito que han recibido ayudas del Estado para obtener el máximo retorno al contribuyente y el uso eficiente de los recursos públicos”, detectar las posibles irregularidades en la protección del cliente de productos financieros así como el cumplimiento de las garantías de transparencia para los usuarios y consumidores y valorar las “debilidades, necesidades y retos futuros del sistema financiero”.
Está formada por cuatro representantes de los grupos con más de cien miembros, tres de cada grupo parlamentario con más de treinta miembros, dos de cada grupo parlamentario con más de diez miembros y un representante de cada uno de los restantes grupos parlamentarios.
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