Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid y ex consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, y el empresario Javier López Madrid constituyeron sociedades instrumentales para recibir presuntas comisiones de OHL a cambio de “favores políticos” a través de través de terceras personas o testaferros, por las que habrían cobrado 800.000 euros, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recién incorporado al caso Púnica, del que informan hoy El Español y El Confidencial.
Ambos digitales destacan que el exconsejero del PP -presunto cabecilla de la trama Púnica- y el yerno de Villar Mir utilizaron una firma de ingeniería, Bustren PM SL, para canalizar el cobro de sobornos por adjudicaciones a la constructora, y según los investigadores, abrían participado en la sociedad a través de terceras personas o testaferros. Granados habría utilizado a su exjefe de gabinete, Ignacio Palacios, a quien la Guardia Civil no ve claro que beneficiara económicamente por tal mediación. Mientras que López Madrid habría entrado en el capital de la mercantil a través de la sociedad Noyer Proyectos SL, administrada por su hermana Myriam Leonor López Madrid.
El Español informa que la UCO sostiene que Francisco Granados habría utilizado Bustren para cobrar comisiones por la adjudicación de la obra del tren de Navalcarnero a OHL.
Y El Confidencial remarca que Granados también habría utilizado Bustren para gestionar los supuestos activos que ocultaba en el extranjero.
