El principal imputado en la Operación Púnica, Francisco Granados, en un escrito enviado a la Audiencia Nacional, pide la declaración como testigo de una treintena de altos cargos del PP en la Comunidad de Madrid. Entre ellos hay seis exconsejeros autonómicos, varios alcaldes, varios senadores, tesoreros del partido, además de la que fuera su mentora, Esperanza Aguirre y la actual presidenta, Cristina Cifuentes.
Lo cuenta El Español que informa que “en el escrito, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, la defensa de Granados solicita además del casi medio centenar de declaraciones (incluyendo a varios agentes de la UCO), un careo con el empresario David Majaliza, uno de los presuntos socios del exconsejero en la trama y que decidió colaborar con la Fiscalía Anticorrupción.
Según la petición de Granados, las declaraciones deberían realizarse antes del próximo 14 de noviembre, fecha en la que se juzga la primera pieza separada de la trama Púnica, que afecta tanto a Francisco Granados como a dos guardias civiles acusados de alertar al exconsejero en plena investigación.
El digital que dirige Pedro J. Ramírez indica que “entre los altos cargos autonómicos citados por Granados se encuentra también Jaime González Taboada, secretario de política y organización del PP de Madrid, que dejó la Asamblea de Madrid salpicado ya por esta operación y que se blindará jurídicamente al ocupar una silla en el Senado”.
Le acompañan en el listado de testigos los nombres de seis exconsejeros madrileños, como Borja Sarasola, quien fuera consejero de Medio Ambiente con González. Granados también menciona a Mariano Zabía, exconsejero y presidente de Arpegio, una de las empresas investigadas, o la actual concejala del Ayuntamiento de Madrid, Beatríz Elorriaga, entonces consejera de Asuntos Sociales.
El Español explica que “según fuentes del caso, el movimiento de Granados responde a un doble interés. Por un lado, el exconsejero quiere recabar testimonios de terceros que desmonten las acusaciones vertidas por el empresario David Marjaliza en sus más de nueve horas de interrogatorios frente a la Audiencia Nacional”. “Además, el ex número dos de la Comunidad de Madrid busca reforzar su tesis de que en determinadas operaciones, él se limitó a cumplir con la cadena de mando dentro del partido, estando exento en la toma de decisiones”, indica el cita medio online.
Con ello, Granados quiere de probar que no tenía competencia, disposición o atribución para llevar a cabo muchas de las operaciones que los investigadores le atribuyen en la investigación de esta causa.
Dos extesoreros del PP de Madrid
El listado de testigos propuesto por Granados –siempre según El Español– refleja también a dos extesoreros del PP de Madrid; Ignacio Echeverría, que controló las finanzas del partido hasta 2009 y Carlos Izquierdo, responsable de la contabilidad del partido en la Comunidad de Madrid hasta 2016. A
demás, la propuesta de actuación se completa con una decena de concejales y responsables jurídicos y de contratación del Ayuntamiento de Valdemoro, la petición de comparecencia de Ramiro Cid, el empresario al que los informes de la Guardia Civil coloca como presunto testaferro de Granados, y la de los exalcaldes de Getafe (Pedro Castro y Juan Soler) el de Alcalá de Henares (Bartolomé González) Móstoles (Esteban Parro) y Tomás Gómez, exalcalde de Parla y durante años el máximo responsable del PSOE en la Comunidad de Madrid. Además, el listado de testigos incluye al actual alcalde de Las Rozas, José de la Uz Pardos, que entonces era secretario general técnico de Vicepresidencia.
Para completar su petición, Granados ha solicitado al juez 15 mandamientos documentales. Su objetivo es incorporar a la causa todos los expedientes urbanísticos del parcelas públicas en el Ayuntamiento de Valdemoro de 11 años (2003-2014), copias de las mesas de contratación (donde también participa la oposición municipal), todas las actas de la reuniones del consejo de administración de la empresa pública Arpegio, además de toda la documentación guardada en la Comunidad de Madrid sobre las operaciones irregulares que se le atribuyen.
