La demanda colectiva, que representa a cientos de miles de organizaciones, fue presentada ante el Tribunal de Apelación de Competencia del Reino Unido, según informó este miércoles el canal CNBC.
Google, en el centro de una nueva controversia judicial en Europa
La nueva acción judicial pone una vez más en entredicho el modelo de negocio de Google en Europa, donde las autoridades de competencia han intensificado su escrutinio en los últimos años. En este caso, las empresas demandantes sostienen que el gigante tecnológico ha llevado a cabo prácticas que habrían restringido la competencia y provocado un aumento en el coste de los anuncios digitales.
Entre las acusaciones más relevantes, se señala que Google firmó acuerdos exclusivos con fabricantes de dispositivos Android y con Apple, asegurándose así que su buscador y el navegador Google Chrome se mantuvieran como opciones predeterminadas. Esto, argumentan los demandantes, limitó la entrada de competidores y consolidó el control casi total de Google sobre el mercado de búsquedas.
La demanda fue presentada en nombre de organizaciones que han utilizado la publicidad en buscadores de Google desde 2011, y alega un perjuicio económico derivado de prácticas monopolísticas
Apoyo indirecto de la CMA a la demanda empresarial
La demanda llega apenas tres meses después de que la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA) anunciara, el pasado 23 de enero, una investigación oficial sobre Google y Apple. En ese informe preliminar, la CMA alertó sobre el “excesivo control” que ambas compañías ejercen sobre sistemas operativos móviles y navegadores web, generando condiciones poco equitativas para la competencia.
Aunque la investigación de la CMA sigue en curso, sus conclusiones preliminares parecen respaldar, al menos parcialmente, las preocupaciones expresadas por las empresas demandantes, al denunciar que Google actúa como un guardián digital con poder desproporcionado sobre cómo los consumidores acceden a Internet.
La CMA británica también ha comenzado a investigar a Google por posibles abusos de poder en el ecosistema móvil, lo que podría fortalecer la posición de los demandantes
El precedente europeo y las implicaciones económicas
No es la primera vez que Google se enfrenta a este tipo de denuncias en Europa. La Comisión Europea ya ha multado a la compañía en varias ocasiones por prácticas anticompetitivas, incluyendo una histórica sanción de 4.340 millones de euros en 2018 precisamente por imponer restricciones a fabricantes de dispositivos Android.
Esta nueva demanda colectiva podría abrir la puerta a reclamaciones similares en otros países, especialmente si el Tribunal británico da luz verde al procedimiento. Además, subraya el creciente malestar de los actores económicos ante el modelo de dominación digital de las grandes tecnológicas estadounidenses.