El Gobierno y la Generalitat de Cataluña han acordado la interpretación de una norma estatal sobre igualdad de trato en el trabajo y de otra catalana sobre espacios agrarios, de manera que han evitado así el recurso al Tribunal Constitucional. Los acuerdos fueron alcanzados en diciembre y hoy han sido publicados por el Boletín Oficial del Estado. Con respecto al primero, la norma estatal obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a realizar planes de igualdad y a inscribirlos en un registro público y el debate entre las dos administraciones giró entorno a la titularidad de este registro.
Según el acuerdo alcanzado, se reconoce que el Estado tiene competencia exclusiva en legislación laboral, pero la Generalitat ha asumido la competencia ejecutiva sobre trabajo y relaciones laborales. «La Generalitat dispone de la competencia para la gestión descentralizada e interoperable de ese registro en Cataluña», dice el pacto alcanzado.
El segundo acuerdo es relativo a la norma autonómica sobre espacios agrarios. Gobierno y Generalitat acuerdan que cuando esa ley habla de infraestructuras de interés general se está refiriendo exclusivamente a las de competencia del Ejecutivo autonómico, porque «no puede» afectar a las de titularidad del Estado.
Estos dos acuerdos de interpretación se han alcanzado dentro de la subcomisión de seguimiento normativo de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado. Se suman a otros dos que también han evitado el recurso a los tribunales, sobre un real decreto del Gobierno de diciembre de 2018 para la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, y sobre el decreto catalán de incremento retributivo para 2019.
Estos pactos han evitado el recurso al Tribunal Constitucional (TC), pero además el actual Gobierno y la Generalitat han acordado el desestimiento de dos recursos ya presentados contra las leyes catalanas de emergencia habitacional.
