El acuerdo, que se firma en la sede del Defensor del Pueblo en Madrid, pone en marcha un mecanismo conjunto entre Estado e Iglesia para abordar la reparación de víctimas fuera de la vía judicial.
El convenio activa un sistema mixto Iglesia-Estado para tramitar solicitudes de reparación de víctimas de abusos
Firma del protocolo y actores implicados
El protocolo será rubricado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el presidente de la CEE, Luis Argüello; y el presidente de CONFER, Jesús Díaz Sariego.
La firma se produce tras varios meses de retraso respecto al calendario inicial, que preveía su formalización en febrero de 2025.
El convenio deriva del acuerdo alcanzado el 8 de enero de 2025 entre el Gobierno, la CEE y la Conferencia Española de Religiosos, que establecía la creación de un sistema de reparación integral para víctimas de abusos en el ámbito eclesial.
El sistema permitirá presentar solicitudes durante un año desde la firma, con posibilidad de ampliación
Plazos y funcionamiento del sistema
Con la firma del convenio, se abre un plazo de un año para que las víctimas presenten sus solicitudes de reparación, prorrogable a un segundo año si así lo acuerdan las partes.
El sistema contempla distintas formas de reparación, que incluyen medidas restaurativas y simbólicas, atención psicológica o psiquiátrica, así como reparación moral para las víctimas y sus familias.
| Elemento clave | Detalle |
|---|---|
| Inicio del plazo | Desde la firma del convenio |
| Duración inicial | 1 año |
| Prórroga | Hasta 2 años |
| Tipos de reparación | Económica, psicológica, simbólica y moral |
El documento también establece la necesidad de definir el estatuto básico de las víctimas, incluyendo los procedimientos para el reconocimiento de su condición.
El Defensor del Pueblo insiste en que la reparación no debe centrarse únicamente en compensaciones económicas
Desacuerdos y negociación previa
El retraso en la firma ha estado motivado por las diferencias sobre el enfoque de la reparación. El Defensor del Pueblo ha subrayado que no se trata únicamente de indemnizaciones económicas.
Desde la institución se ha defendido la necesidad de alcanzar el máximo consenso y evitar modelos que reduzcan el proceso a una mera compensación monetaria.
La Iglesia mantiene su exigencia de exención fiscal para las indemnizaciones a víctimas
Posición de la Iglesia y condiciones
La CEE ha reiterado su petición de que las indemnizaciones a las víctimas estén exentas de impuestos, una medida que actualmente solo se aplica en Navarra.
Además, la Iglesia ha insistido en evitar duplicidades en la gestión de casos, de modo que no existan procedimientos paralelos sobre una misma víctima.
El modelo acordado será complementario al sistema interno de la Iglesia, el Plan de Reparación Integral (PRIVA), que seguirá funcionando para atender a víctimas fuera del ámbito judicial.
La Iglesia subraya que este mecanismo no responde a una obligación legal, sino a un compromiso moral, y asegura que ofrece reparaciones que, en algunos casos, superan las fijadas por sentencias civiles.
El acuerdo permitirá que las víctimas puedan acudir al Defensor del Pueblo como vía alternativa de acceso, sin necesidad de dirigirse directamente a la Iglesia.
La firma del protocolo abre por primera vez un sistema coordinado entre instituciones públicas y eclesiales para canalizar la reparación de víctimas de abusos, con un plazo inicial de hasta dos años para tramitar solicitudes.
