Así lo señalan desde las filas del Ejecutivo sobre un acuerdo que han firmado este jueves el ministro Bolaños, el presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego.
“Se trata de un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas y reparaciones económicas o de cualquier otra naturaleza a cargo de la Iglesia”. En este sentido, el nuevo sistema cuenta con la aprobación del Gobierno y la Iglesia católica (tanto la Conferencia Episcopal como la Conferencia Española de Religiosos) y “cumple” con las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que será la institución encargada de elaborar las propuestas de reconocimiento y reparación.
Según recuerdan desde Moncloa, en abril de 2024, el Gobierno aprobó el Plan para la implementación del Informe del Defensor de Pueblo sobre abusos sexuales en la Iglesia católica y se pusieron en marcha los trabajos y la negociación con la Iglesia para crear un sistema de reparación para las víctimas que ya no pueden acudir a la vía judicial.
El nuevo mecanismo de reparación prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Esta trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que realizará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo solicitado por la víctima.
La propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA), que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes (CPRIVA y persona solicitante), la propuesta tendrá carácter definitivo.
¿Y si hay disconformidad?
“Si hubiera disconformidad con la propuesta, ya sea de la persona solicitante o de la CPRIVA”, destaca, “se convocará una Comisión Mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime”. Si persistiera la disconformidad, corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva.
La Iglesia católica deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras en plazo. “Si no lo hicieran la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable”, apunta, “la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento”.
“Una vía temporal con una duración de un año prorrogable otro”
La Conferencia Episcopal ha celebrado también este acuerdo con el que, afirma en un comunicado, el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la Renta.
Además, expone que el sistema establecido “no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes”.
“Es una vía temporal con una duración de un año (prorrogable otro año más), para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del victimario”, asegura.
Cuatro acuerdos con la Iglesia en dos legislaturas
“Después de más de 20 años sin cerrar un acuerdo con la Iglesia católica, con éste ya son cuatro los que ha firmado el ministro Bolaños con la Iglesia en las últimas dos legislaturas”, señalan desde el Gobierno.
Entre los acuerdo, el pacto sobre inmatriculaciones de bienes (enero de 2022), el convenio en materia de fiscalidad para que todas las propiedades de la Iglesia paguen las contribuciones especiales y el impuesto sobre construcciones (marzo de 2023), la resignificación el valle de Cuelgamuros (marzo de 2025) y el de reparación y reconocimiento de las víctimas de abusos.
