Gestha pide abordar la economía sumergida y aumentar la plantilla de la AEAT para recaudar 34.500 millones

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) piden que la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 incluya tres medidas contra el fraude fiscal, que pasan por estudiar la economía sumergida, integrar a los más de 9.000 técnicos del Ministerio de Hacienda en un cuerpo superior de nueva creación y aumentar la plantilla de la Agencia Tributaria entre 15.000 y 17.000 efectivos, para recaudar a medio plazo 34.500 millones adicionales cada año.

Así lo han señalado los técnicos después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya presentado este miércoles el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, que remitirá a Bruselas en dos semanas, y que contempla una inversión de 72.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos en tres años.

En este marco, los técnicos de Hacienda señalan que la mitad de los 70.000 millones del diferencial de recaudación fiscal de España con la zona euro se deben al 24,5% de la economía sumergida española respecto al 16,6% de la media europea.

Por ello, Gestha propone al Gobierno elaborar un estudio oficial sobre la economía sumergida en España, integrar a los más de 9.000 técnicos del Ministerio de Hacienda en un cuerpo superior de nueva creación y planificar en unos seis años el aumento de la plantilla de la AEAT entre 15.000 y 17.500 nuevos efectivos, de manera que España se equipararía a la media ponderada de las administraciones tributarias de los países de la UE-27 y de la zona euro-19.

Gestha justifica estas propuestas en que los técnicos de Hacienda en la AEAT representan el 83,4% de los funcionarios del grupo A que ejercen las competencias superiores en puestos de trabajo en las áreas operativas de la prevención y lucha contra el fraude, y creen necesario desplazar la investigación de particulares, autónomos y pequeñas empresas hacia las grandes evasiones tributarias.

Igualmente, los técnicos de auditoria y contabilidad representan el 90,8% de los funcionarios del grupo A que ejercen las competencias superiores en puestos de trabajo en las áreas operativas del control del gasto público y de las subvenciones en la Intervención General del Estado (IGAE).

En este sentido, Gestha reitera su propuesta de reorganizar la IGAE para garantizar un funcionamiento plenamente independiente de posibles injerencias políticas o económicas y conseguir un control del gasto público más eficaz, después de que el Gobierno haya anunciado el aumento de un 54% del ‘techo de gasto’, hasta los 197.000 millones de euros.

En este marco, los técnicos valoran la decisión de incorporar medidas a corto plazo para mejorar el control del gasto público y hacer el sistema tributario más justo y progresivo, como se prevé en las conclusiones de la Comisión parlamentaria para la Recuperación económica y social y en las medidas acordadas en el pacto de gobierno, referidas, en ambas, a la mejora de la lucha contra el fraude y el control del gasto.

A su vez, se muestran partidarios de eliminar trabas administrativas y otros «cuellos de botella» en la Administración que podrían obstaculizar la ejecución de los proyectos financiados con los fondos europeos, pero ven «imprescindible» asegurar el control de legalidad del gasto público e impulsar el control de eficacia y eficiencia en el destino de los fondos europeos, ante la anunciada modificación de las leyes de Contratación pública y de Subvenciones.

A su juicio, ese impulso pasa por fortalecer las estructuras administrativas que ejercen las funciones de control, como la IGAE, por lo que reclaman finalizar con la externalización de determinadas controles y auditorías públicas que se viene realizando por determinadas empresas de la auditoría privada desde hace años.

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