Oficina de la Agencia Tributaria
Por ello, ha reclamado a la Agencia Tributaria, en un comunicado, “mayor transparencia” para conocer la parte de la deuda de la lista morosa que se ha cobrado con anterioridad y que facilite todos los detalles de cobros, anulaciones e insolvencias provisionales o definitivas de esta lista, pues recuerdan que en del listado que se publicó el pasado año solo se cobró el 3,3% de la deuda.
Como en años anteriores, los técnicos han declarado que el mero hecho de hacer pública la lista de morosos no consigue aumentar los ingresos de la deuda pendiente de cobro y además se “confunde” a la sociedad porque no todos los deudores son defraudadores.
Para contextualizar la cantidad de 16.238 millones que aparecen en la lista morosa de este año, Gestha señala que el volumen de la deuda pendiente de cobro es el doble que hace 20 años, que ascendía a 42.036 millones de euros a finales de 2023, un 4% más que en el año precedente, según Europa Press.
Gestha informa que 4.042 millones de las deudas pendientes de cobro, un 9,6% no son exigibles por estar suspendidas, aplazadas o en procedimiento concursal, mientras permanezcan en esa situación. Por tanto, el 90,4% de las deudas pendientes de cobro son exigibles, distribuidas en 17.195 millones en período voluntario y 20.799 millones en periodo ejecutivo.
No obstante, los técnicos de Hacienda reconocen que se han producido avances notables a partir de la Ley de prevención del fraude de 2021, como la bajada del umbral de entrada desde el millón de euros hasta los 600.000 euros, e incluir a los responsables solidarios de estas deudas impagadas, información que venían proponiendo desde la primera lista de morosos, si bien echan de menos en el listado la inclusión del deudor principal con los responsables solidarios.
Por otra parte, recuerdan que en febrero de 2023 dos sentencias del Tribunal Supremo eliminaban la publicación en la lista de morosos de las personas denunciadas por presuntos delitos fiscales que no podían pagar las deudas vinculadas ni aplazarlas, por no aportar garantías suficientes, o porque confían en obtener un pronunciamiento favorable del tribunal penal, recoge la citada agencia.
Aunque los técnicos han verificado que se trata de un número relativamente reducido excluido en el actual listado porque estos casos son muy escasos, e incluso en los casos en que las defensas renuncian a pactar con la Fiscalía, la persona denunciada suele pagar o consignar su importe para beneficiarse de la reducción de las penas en uno o dos grados, y si son absueltos solicitan la devolución del importe.
En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial alertó en su día de que el listado no informaba del origen de las deudas, metiendo en el mismo saco a defraudadores y a quienes no han pagado, vencido el período de pago voluntario, por imposibilidad de pago o insolvencia.
En opinión del secretario general de Gestha, José María Mollinedo, para reducir la deuda pendiente de cobro, es necesario dar mayores atribuciones y funciones a los técnicos de recaudación, y recuperar las jefaturas de gestión recaudatoria, de los grupos regionales de recaudación y de los administradores de la AEAT.
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