Según el colectivo, el bloqueo de la carrera profesional, la falta de movilidad y el escaso reconocimiento de sus funciones están provocando una pérdida de recursos clave en la Agencia Tributaria (AEAT) y el Ministerio de Hacienda, con impacto directo sobre los contribuyentes y los servicios públicos que dependen de sus impuestos.
El bloqueo administrativo frena la eficacia del control fiscal
Gestha denuncia que la ausencia de una carrera profesional en la AEAT está deteriorando la estructura administrativa y desmotivando a las plantillas. La organización subraya que, desde 2011, las denuncias por delitos fiscales se han desplomado un 82%, un dato que consideran prueba del debilitamiento del control sobre los grandes evasores.
El sindicato sostiene que la falta de promoción y especialización reduce la capacidad de la Administración para detectar y perseguir el fraude
Los técnicos aseguran que, mientras los recursos humanos se reducen, los esfuerzos se concentran en controles a autónomos, pymes y particulares, en lugar de reforzar las áreas que investigan grandes patrimonios y tramas de evasión compleja.
| Año | Denuncias por delitos fiscales | Variación respecto a 2011 |
|---|---|---|
| 2011 | 1.000 casos aprox. | — |
| 2015 | 620 casos aprox. | -38% |
| 2020 | 290 casos aprox. | -71% |
| 2025 | 180 casos aprox. | -82% |
Fuente: Gestha, elaboración propia
Movilidad geográfica y funcional, otro frente abierto
El sindicato pone el foco en la falta de movilidad geográfica y funcional, que afecta a unos 1.200 técnicos de Hacienda que querrían trasladarse al lugar donde mantienen sus vínculos familiares. Sin embargo, los destinos se ofrecen primero a los funcionarios recién incorporados por promoción interna, y solo después a quienes cuentan con mayor antigüedad y mejores valoraciones.
Gestha alerta de que esta política genera desmotivación y vacantes en zonas con alta economía sumergida, dificultando la especialización de los equipos
Esta rigidez, advierten, se traduce en rotaciones innecesarias, pérdida de experiencia acumulada y menor capacidad operativa para detectar fraudes complejos. La organización exige aplicar criterios de mérito y capacidad también en la asignación de destinos, como establece el EBEP.
Una deuda pendiente desde la Ley de Prevención del Fraude de 2006
Gestha reclama saldar la que define como “deuda histórica con los técnicos”, reorganizando las estructuras del Ministerio de Hacienda para cumplir la disposición adicional de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal de 2006, que instaba a desarrollar su carrera administrativa.
Los técnicos representan más del 80% de los funcionarios del grupo A con competencias de control fiscal y el 91% de los de la Intervención General del Estado
El sindicato recuerda que este colectivo asume funciones superiores a las reconocidas en su categoría, como investigar el fraude fiscal y aduanero, liquidar deudas, imponer sanciones o controlar subvenciones. A su juicio, el Gobierno debe reconocer su papel esencial en el sostenimiento de la recaudación y la transparencia presupuestaria.
La huelga convocada para el 26 de noviembre busca abrir un diálogo que permita actualizar las condiciones profesionales y organizativas de los técnicos de Hacienda. Gestha sostiene que invertir en su desarrollo no es solo una reivindicación laboral, sino una medida de eficiencia pública: un cuerpo técnico motivado y reconocido es, dicen, la primera línea de defensa contra el fraude y por la calidad de los servicios públicos.
