Vivienda
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), estiman que 1,5 millones de contribuyentes podrían reclamar la devolución del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) a las comunidades autónomas solo por las hipotecas constituidas en los últimos cuatro años, si finalmente el Tribunal Supremo confirma que son los bancos, y no los hipotecados, quienes deben soportar el gravamen.
Por territorios, Andalucía sería la región donde más afectados la solicitarían, con casi 293.000 afectados que podrán reclamar 743 millones de euros. Le siguen Madrid -268.000 afectados y 604 millones de euros-, y Cataluña -235.000 y 832 millones-.
En total, Gestha calcula que quienes se hayan hipotecado desde octubre de 2014 podrían recibir 3.631 millones de euros, a los que habría que añadir los intereses de demora. En ese sentido, son los contribuyentes que firmaron una hipoteca en los últimos cuatro años –los que no han prescrito desde el punto de vista fiscal- los que pueden pedir la devolución de lo pagado indebidamente.
Además, otros 13,4 millones de hipotecados antes de septiembre de 2014 tendrían que pleitear con sus entidades bancarias para recibir 25.657 millones, más intereses.
Los técnicos indican que deben dirigirse las reclamaciones del AJD pagado en los últimos cuatro años hacia las haciendas autonómicas -que son las que tienen cedido el impuesto- en caso de que el alto tribunal no cambie su decisión sobre este impuesto, después de que el pasado viernes comunicara que revisaría la sentencia dada su repercusión económica y social.
En cuanto a la mecánica, explican que las comunidades autónomas, a medida que vayan recibiendo las solicitudes de devolución, deberán iniciar un procedimiento de comprobación tributaria y notificar una liquidación “espejo” a la entidad financiera, exigiendo el mismo importe y los intereses de demora.
Gestha advierte de que si bien esta medida no supondrá una merma de los ingresos regionales, las comunidades autónomas sí tendrán que hacer un “esfuerzo notable” para la tramitación masiva de ambos procedimientos, por lo que considera que “deberían coordinarse para dar una respuesta unificada y ágil frente al ciudadano y al sector bancario”.
De forma paralela, los técnicos avisan de que el proceso de las reclamaciones por los hipotecados a las entidades bancarias de las cantidades pagadas por el AJD hace más de cuatro años “sería más farragoso, largo y costoso”. No obstante, solicitan a los bancos que devuelvan las cantidades “de manera voluntaria y no obliguen a los ciudadanos a pleitear”.
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