El recurso ha sido presentado ante la Sala de Apelación del alto tribunal, después de que el magistrado instructor Ángel Hurtado corrigiera su propia resolución inicial. En un primer momento, impuso a García Ortiz una caución de 150.000 euros, aunque un día después la redujo a la mitad tras reconocer un error en el cálculo.
Un error en el cálculo de la caución
La decisión del juez Hurtado de fijar una fianza de 150.000 euros incluyó la posible multa en caso de condena, algo que el Constitucional considera improcedente por anticipar un fallo aún no dictado. Tras detectar esta incorrección, el instructor redujo la cantidad a 75.000 euros.
La rebaja se produjo un día después de que García Ortiz ya hubiera aportado parte de su patrimonio para cubrir los 150.000 euros
Según fuentes jurídicas, el fiscal general no disponía de liquidez suficiente para afrontar la cifra inicial, por lo que recurrió a la garantía de bienes de su propiedad para depositar la caución.
La acusación popular desiste de elevar la fianza
La acusación popular ejercida por Alberto González Amador había solicitado que la fianza se elevara hasta los 300.000 euros. Sin embargo, la petición fue finalmente retirada al considerar que el patrimonio de García Ortiz ofrece suficiente garantía en caso de una eventual condena.
El desistimiento de González Amador despeja el camino para que sea la Sala de Apelación la que decida si mantiene o reduce la caución
Con este movimiento, el caso se centra ahora en la valoración del Tribunal Supremo, que deberá resolver el recurso presentado por la Abogacía del Estado en defensa del fiscal general.
Un procedimiento en el foco político y judicial
La investigación sobre la presunta filtración de datos tributarios de González Amador ha adquirido una dimensión política al afectar directamente al entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La defensa de García Ortiz sostiene que no existió delito y que la fianza fijada resulta desproporcionada.
