García Ortiz durante su comparecencia (Foto: Senado)
Así lo hace a través de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Abogacía del Estado, que le defendió en el juicio que deparó su condena a dos años de inhabilitación al considerarle el Supremo partícipe de la filtración de datos personales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz pide que se declare la nulidad de la sentencia alegando vulneración de derechos fundamentales y que se retrotraigan “las actuaciones al momento procesal oportuno”.
“La libertad de expresión en su sentido institucional, precisamente por su función democrática, ha de ser amplia, incluso para admitir errores, excesos o decisiones discutibles, sin que ello pueda traducirse en la criminalización penal de una actuación adoptada para defender a la institución frente a ataques que comprometían directamente su credibilidad y su independencia”, defiende.
A su juicio, plantear que “debió optar por un desmentido más genérico o atenuado equivale a exigirle que discurriera por la ambigüedad deliberadamente creada por quienes precisamente le imputaban un delito de prevaricación, y a convertir en parámetro penal una crítica ‘a posteriori’ sobre cómo debería haberse gestionado la comunicación institucional”, recoge la citada agencia.
Y denuncia que se pretenda “un secuestro y acallamiento de la posibilidad misma de que la Fiscalía y su máximo dirigente emitan comunicados o desmentidos institucionales cuando la institución se ve gravemente atacada, vaciando de contenido su función constitucional de información y defensa de la legalidad ante la ciudadanía y generando un efecto amedrantamiento evidente”.
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