Así se ha pronunciado la abogada del Estado Consuelo Castro, en el arranque del juicio a García Ortiz por, supuestamente, haber filtrado información relativa a Alberto González Amador —novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso–, por lo que se enfrenta a una condena de hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso de más de 400.000 euros.
Desde el estrado donde se sientan sus dos abogados defensores y los dos fiscales –que reivindican también su inocencia–, y togado, García Ortiz ha empezado negando su culpabilidad, al ser preguntado por el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, si “se considera autor responsable de los delitos que se le imputan”. “No”, ha contestado, recoge Europa Press.
Por su parte, la abogada del Estado ha tomado la palabra para llamar la atención sobre “las irregularidades cometidas en la instrucción”. Tantas, ha subrayado, que “nos permite sostener que el fiscal general ha sido sometido a un proceso injusto”.
Para Castro, García Ortiz “no ha podido defenderse en las condiciones exigibles” en ningún momento porque el magistrado instructor, Ángel Hurtado, descartó cualquier “otra alternativa”. De hecho, le ha recriminado actuar con “la idea preconcebida de que era culpable” buscando únicamente “pruebas incriminatorias”.
En concreto, ha destacado las supuestas irregularidades en los registros efectuados el 30 de octubre de 2024 en el despacho de García Ortiz y de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, entonces investigada. En esos registros se obtuvieron los indicios clave contra García Ortiz: las comunicaciones en el seno de Fiscalía la noche de la presunta filtración, el 13 de marzo de ese año, y el borrado del contenido del teléfono móvil del jefe del Ministerio Público.
“Imposible” saber qué borró
La defensa ha aprovechado para aportar un informe pericial, que se negó en instrucción, que –según ha explicado– acredita que “es imposible saber qué mensajes fueron borrados el 16 de octubre de 2024”. Y es que ese día, según la Guardia Civil, el fiscal general borró el contenido de su teléfono móvil hasta dos veces.
Además, ha pedido incorporar a la causa una serie de mensajes de X de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, que, para Castro, “ponen de manifiesto la difusión de una idea de confabulación entre Fiscalía, Hacienda y Gobierno para perjudicar” a la presidenta madrileña, porque “constituyen un contexto importante”.
Un “bulo”, conforme ha afirmado siempre García Ortiz, al que reaccionó, dando lugar a la nota de prensa con la que estalló el caso. Y, según el instructor, a las presuntas filtraciones de ‘emails’ sobre las negociaciones de González Amador con Fiscalía para pactar a cambio de evitar la cárcel.
En particular, Hurtado sospecha que García Ortiz filtró al periodista Miguel Ángel Campos, de la SER, el correo electrónico que la defensa de González Amador envió el 2 de febrero de 2024 a Fiscalía ofreciéndose a reconocer dos delitos fiscales.
La abogada del Estado también ha solicitado incorporar a la causa el “resultado negativo” que dio la búsqueda de la palabra “Campos” en los dispositivos de García Ortiz.
Asimismo, ve necesario sumar los “correos ofensivos” que García Ortiz recibió en sus cuentas personales tras difundirse sus direcciones y que, de acuerdo con Castro, “le obligaron” a cerrarlas en diciembre de 2024, “no antes”.
Una “ficción” del juez instructor
En la misma línea, la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde, ha atacado dichos registros, alegando que vulneraron los derechos fundamentales de García Ortiz porque ha aseverado que partió de una “ficción” de Hurtado que “no tiene ni el más mínimo sustrato fáctico ni jurídico”.
“Todavía está esperando la Fiscalía que nos dé un solo dato de que la filtración se dio por medios telemáticos”, ha dicho la ‘número dos’ del Ministerio Público.
Sánchez Conde también ha apoyado la aportación documental solicitada por la abogada del Estado al considerar que es fundamental para acreditar las tesis de la defensa, de que “ha habido una actuación conjunta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, su gabinete de prensa, El Mundo y otros medios afines para construir un relato deliberado para perjudicar al fiscal general”.
