Así consta en la transcripción de su declaración del pasado 29 de enero a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que sólo admitió preguntas de su defensa –la Abogacía del Estado– y la Fiscalía, que finalmente declinó realizar ninguna.
A esta razón, el fiscal general sumó que la entrada y registro de su despacho «fue invasiva de derechos fundamentales» y que pidió su nulidad, algo a lo que el Supremo hasta ahora no había dado respuesta, y eso que era «toda la base de imputación».
Además, afeó al magistrado que hubiera ordenado una serie de diligencias de las que no había informado a su defensa y eso le impediría ser «exacto» en sus contestaciones. Y sumó que entiende que el objeto del proceso «no está fijado» en términos que le puedan garantizar su defensa.
Por otro lado, advirtió de que no respondería a la acusación particular porque en la querella de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra él «omitió» que su abogado envió al jefe de Gabinete –Miguel Ángel Rodríguez– al menos uno de los correos que se cruzó con el fiscal de delitos económicos que le investigaba.
