Así consta en una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el Supremo llama a “transferir a favor del Tesoro Público” los 7.200 euros de multa que el tribunal estableció en su sentencia contra García Ortiz el pasado diciembre, en la que, además, le impuso dos años de inhabilitación para el cargo.
Del mismo modo, el Supremo pide a González Amador que aporte su número de cuenta bancaria, “a efectos de transferirle la cantidad de 10.0000 euros, acordada en concepto de responsabilidad civil” en la misma sentencia.
Antes, la Abogacía del Estado, que defendió al ex fiscal general en el juicio, había presentado un escrito, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, en el que daba cuenta del ingreso de los 17.200 euros por su representado “a todos los efectos”.
Campaña de recaudación
En dicho escrito, la defensa de García Ortiz precisó que los fondos empleados proceden “de aportaciones voluntarias cuya canalización y coordinación fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales” (UPF) y que el que fuera jefe de la Fiscalía “asume íntegramente dicho pago como propio”.
La UPF –a la que perteneció el ex fiscal general– lanzó una campaña de colaboración para “el abono de las responsabilidades económicas derivadas”. Unas semanas después, la asociación anunció que se había alcanzado “íntegramente el importe necesario” para pagar la sanción económica a García Ortiz.
En un comunicado, UPF indicó que “decenas de fiscales de todos los territorios y categorías” respondieron a un llamamiento “que no era económico, sino ético”, en el que también participaron ciudadanos –aseguró– «sin pertenecer al Ministerio Fiscal”.
“Nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional”, señaló UPF, que ha venido defendiendo la actuación e inocencia del ex fiscal general.
