El presupuesto inicial de las obras de la M-30 fue de 2.508 millones de euros, pero el soterramiento de la carretera de circunvalación madrileña acabó costando 3.703 millones, un 48% más y ahora se sabe que esto ocurrió porque las adjudicatarias de esta infraestructura no sólo utilizaron varios mecanismos que recogía la ley de Contratos del Sector Público para incrementar al máximo la factura final de la obra, sino que también “utilizaron procedimientos no contemplados por la propia ley”, todo “con el visto bueno del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, según informa hoy eldiario.es,
Asegura este diario que el Ayuntamiento, gobernado entonces por Gallardón, permitió a las constructoras exprimir la legislación para que fuesen aprobados unos sobrecostes que, en algunos casos, sumaron hasta un 67% más al presupuesto inicial. E informa que “ahora, nuevos datos que se desprenden de la comisión de investigación de la M-30 revelan que las empresas adjudicatarias se beneficiaron de al menos 17,4 millones de euros utilizando un mecanismo irregular”.
Señala el digital que dirige Ignacio Escolar que las empresas que llevaron a cabo las obras –Dragados, Ferrovial, Sacyr, FCC y Acciona– consiguieron la adjudicación concursando con unos presupuestos un 10% más baratos de lo que habían calculado los técnicos municipales.
Eldiario.es sostiene que “el Consistorio toleró que dejasen sin terminar parte de las obras ya presupuestadas sin realizar ningún descuento” y que “después, para acabar la obra y permitir los máximos sobrecostes, completó esas tareas pendientes pagándolas a través de proyectos complementarios en otras adjudicaciones”. Resaltando que “la ley prohíbe ambas prácticas, que sumaron al menos 17,5 millones de euros en sobrecostes”.
