Ignacio Galán, presidente de Iberdrola
En una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre, Galán ha afirmado que con la legislación actual, si no hay ningún cambio, “desde luego no se va a solicitar esta ampliación”. De todas maneras, se ha mostrado convencido de que ese “obstáculo” se podrá superar, aunque también cree que es necesario reducir la carga impositiva que sufre esta tecnología, según Europa Press.
“Está muy claro, la fiscalidad actual hace que este plan no sea económicamente viable, incluso aunque sea la mejor solución económica para mantener las luces encendidas”, advirtió.
Y es que Galán reiteró que, en su opinión como ingeniero, las centrales nucleares son “la solución más eficiente para mantener las líneas conectadas”, lo que ha hecho que “todos los países ya estén ampliando su vida”. “No solamente en Europa, otros países también están ampliando la duración de los programas nucleares”, dijo.
No obstante, apuntó que España tiene la posibilidad de combinar diferentes fuentes de energía para garantizar la seguridad de suministro, aunque estimó que el coste para la ciudadanía será “mucho más caro” que si se mantienen abiertas las centrales nucleares.
“Esto exige de una decisión, pero nosotros no confeccionamos la política energética, esto lo hacen los gobiernos, y el Gobierno tiene que tomar esa decisión”, afirmó, reconociendo que, de todas maneras, se está en un “diálogo continuo” con el Ejecutivo. “Pero la decisión no nos corresponde a nosotros, corresponde a los que redactan la política”.
Las compañías propietarias del parque nuclear -Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP- firmaron en 2019 con Enresa un protocolo que contemplaba un calendario de cierre progresivo de todas las centrales nucleares entre 2027 y 2035. No obstante, en junio Endesa e Iberdrola presentaron al Gobierno una propuesta para extender la vida útil de las centrales nucleares.
El Ministerio consideró que esa carta era “una declaración de intenciones” que no cumplía con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal.
En concreto, las líneas rojas delimitadas por el Ejecutivo pasan por el hecho de que haya seguridad para las personas, que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.
En esta reciente propuesta de revisión del calendario nuclear, que fue firmada por Endesa e Iberdrola, pero no así por Naturgy y EDP España, los otros dos propietarios del parque nuclear español, se planteaba mantener la fecha final de cierre, en 2035, y un aumento de los plazos intermedios previstos.
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