En su discurso en la junta general de accionistas de la compañía, Galán recordó que las arcas públicas reciben, no solo «unos cuantiosos» impuestos proporcionales al precio de la energía, sino también los ingresos por la venta de derechos de CO2, que este año podrían alcanzar los 2.500 millones de euros.
Así, el directivo volvió a mostrarse en contra del anteproyecto de ley del Gobierno que pretende recortar los ingresos de las eléctricas por el denominado ‘dividendo de CO2’, ya que «introduce cargas injustificadas sobre tecnologías no emisoras», y mostró su confianza en que «sea reconducido a lo largo de su tramitación para buscar soluciones que garanticen la coherencia plena entre la política energética que apueste por la descarbonización y un marco normativo y regulatorio estable y fiable».
El presidente de Iberdrola afirmó que, tal y como han avalado en sus alegaciones al anteproyecto de ley distintos agentes, organismos, analistas y agencias de rating, es «imprescindible» un marco regulatorio que «preserve la seguridad jurídica y la confianza legítima de los inversores».
Así, mostró la disponibilidad de la energética al diálogo, aunque también subrayó su compromiso «con la defensa» de los intereses de sus accionistas y del resto de sus «grupos de interés».
Como mejor medida para actuar sobre los actuales altos precios de la electricidad, Galán abogó por hacerlo a través de los «impuestos, cargas y tasas que se le imponen y que en buena medida pagan los ciudadanos».
Por ello, acogió «positivamente» las recientes declaraciones del Gobierno respecto a una posible reducción de los impuestos, cargos y tasas, «que ya suponen cerca del 60% de la factura que pagan los usuarios».
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