Ignacio Galán, presidente de Iberdrola
En una conferencia con analistas para presentar los resultados de los nueve primeros meses de la compañía, ha apuntado que ahora se ha puesto el foco sobre el TTF, el mercado holandés de referencia para el precio del gas natural, que “es la causa del problema”.
En este sentido, Galán ha advertido de la necesidad de “acelerar el proceso de electrificación para evitar nuevas crisis”, para lo que es necesario apurar el proceso de obtención de permisos para el desarrollo de los proyectos renovables y dar incentivos para abordar las inversiones si no se quiere ver cómo los inversores se escapan a otros países, como Estados Unidos, donde actualmente existe una mayor visibilidad para el negocio.
Por otro lado, el presidente de Iberdrola también ha afirmado que la energética dará batalla en los tribunales si el Gobierno español decide seguir adelante con su impuesto sobre las energéticas, consistente en poner un gravamen del 1,2% a las ventas de las grandes empresas del sector.
Galán ha asegurado desconocer si este impuesto, que ya se encuentra en trámite parlamentario, finalmente se aplicará en estos términos, aunque ha subrayado que, en el caso de ser así, Iberdrola hará «lo que ha hacho en el pasado siempre, defender los intereses de los accionistas y acudir a los tribunales».
El máximo responsable de Iberdrola considera consideró que el impuesto, tal y como está planteado por el Gobierno español, «va contra las directivas europeas, que dicen claramente que es un impuesto que tiene que ver con los beneficios extra, y no es el caso que se da en España». «No habla sobre ingresos, sino sobre beneficios extra», añadió.
En el caso concreto de impuestos a las empresas para abordar la actual crisis energética, Bruselas apostó por establecer una tasa de ‘solidaridad’ a las empresas intermediarias de combustibles fósiles, como petroleras, gasistas o del sector del refino.
Esta medida establecerá una contribución del 33% sobre los beneficios obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2023 y que se sitúen un 20% por encima de la media de los últimos cuatro años. Este impuesto se articula como una contribución temporal y el importe recaudado se destinará a hogares vulnerables, a las empresas más afectadas y a las industrias electrointensivas.
Asimismo, se establece un máximo de 180 euros/MWh al precio al que las tecnologías inframarginales, las que producen electricidad por debajo de las productoras de ciclo combinado de gas como las renovables o la nuclear, pueden vender la electricidad en el mercado mayorista (‘pool’), medida que, lógicamente sí que afectaría a las eléctricas y que en España ya está en vigor con un tope fijado en los 67 euros/MWh.
Galán también ha asegurado que el grupo ya contribuye con 7.800 millones de euros en impuestos en los países en los que está presente, de los cuales unos 3.700-3.800 millones de euros corresponden a España.
De cara a la actualización de su plan estratégico, que el grupo presentará el próximo 9 de noviembre, Galán ha reconocido que la incertidumbre regulatoria que existe en muchos países «no ayuda para las inversiones» y que en esa nueva ‘hoja de ruta’ de la compañía se verá «dónde va a invertir más o menos».
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