Ignacio Galán, presidente de Iberdrola
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado que la compañía ha actuado en todo momento conforme a la Ley en su relación con empresas del excomisario José Manuel Villarejo. En una conferencia con analistas para presentar los resultados de 2019, Galán afirmó que en la investigación interna llevada a cabo por la compañía, con la participación de «terceros independientes», no se ha encontrado nada en lo que respecta a la conducta del grupo «que no esté conforme con la Ley». «Lo puedo asegurar con absoluta fortaleza», dijo.
El directivo subrayó que Iberdrola cuenta con una gobernanza corporativa y unas políticas de cumplimiento «muy fuertes» que han funcionado «bien» tras conocerse la presunta relación con Cenyt, la mercantil vinculada a Villarejo. Así, señaló que la compañía está «colaborando con la Justicia, ya que no tenemos nada que ocultar».
Además, Galán señaló que seguirá defendiendo a la compañía contra «cualquier información confusa» y abogó por una «transparencia total» en el tema. «Según apareció la noticia, llevamos a cabo una investigación interna», dijo.
El pasado mes de octubre, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón abrió una pieza separada a la luz tanto de la documentación intervenida al propio Villarejo tras su detención en 2017 como del material sobre su relación con Iberdrola que venían difundiendo ‘moncloa.com’ y ‘El Confidencial’.
Por su parte, Iberdrola anunció el pasado mes de octubre que abriría una investigación exhaustiva a través de un informe ‘forensic’ para aclarar hasta dónde llegaron las relaciones con Cenyt, la mercantil vinculada a Villarejo mediante la que se habrían ejecutado y facturado los contratos.
Este informe fue encomendado a PwC y se suma a las indagaciones internas ya acometidas en noviembre de 2018 y el pasado mes de julio a raíz de la difusión de informaciones que vinculaban a la compañía con la empresa del comisario.
En ambas se determinó que se habían encargado 17 servicios de tipo ordinario y propios de la Dirección de Seguridad Corporativa entre los años 2004 y 2017 y que tanto en el proceso de contratación como en la posterior facturación se habían seguido todos los controles internos de Iberdrola, según informó en su momento la propia compañía.
Asimismo, Iberdrola interpuso ante los juzgados de Bilbao una querella por un delito de falsedad contra su exempleado José Antonio Del Olmo.
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