‘Fuera de la ley’: un tercio de las fintech escapa de la vigilancia regulatoria

Un estudio de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) ha puesto de relieve las importantes diferencias que existen en la forma en que los distintos reguladores financieros nacionales tratan a las denominadas ‘fintech’ –empresas de tecnología financiera-, hasta el punto de que casi un tercio de las mismas ni siquiera está sometida a ninguna regulación.

A principios de año, la EBA realizó un ejercicio de ‘mapping’ a escala de toda la Unión Europea para mejorar su comprensión sobre la actividad real de las fintech en la región. En esta consulta recibió respuestas de 22 estados miembros y dos estados del Espacio Económico Europeo, con información detallada proporcionada sobre 282 firmas tecnológicas. Sin embargo, los resultados de esta investigación sugieren que todavía hay mucho trabajo por delante.

Del total de firmas fintech analizadas, un 18% son instituciones de pago incluidas en el marco de la Directiva de Servicios de Pago (PSD), el 11% son empresas de inversión bajo la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID), el 9% son entidades de crédito bajo la Directiva y Reglamento de la Unión Europea sobre requerimientos de capital (CRD) y el 6,5% son entidades de dinero electrónico bajo la EMD.

Sin embargo, nada menos que un 31% de las fintech no está sujeto a régimen regulador alguno con arreglo a la legislación comunitaria o nacional, y no se pudo identificar el estatus regulatorio del 8% de las empresas. Asimismo, un el 9% está sujeto a un régimen de registro nacional otro 5% a un régimen de autorización nacional.

En ese sentido, la EBA considera que el hecho de que algunas empresas fintech sólo estén sujetas a regímenes nacionales de autorización o de registro implica que puede haber divergencias en el trato de estas empresas a lo largo de la UE.

Además, “el elevado porcentaje de firmas de fintech que no están sujetas a ningún régimen reglamentario podría sugerir la necesidad de un análisis más profundo de las actividades de esas empresas”, considera la EBA. Esto permitiría a la autoridad “evaluar aún más los fundamentos de los diferentes trámites reglamentarios e identificar si hay algún arbitraje regulatorio o riesgos no cubiertos de protección del consumidor”, teniendo en cuenta los objetivos de la EBA de “mejorar la protección de los consumidores y de promover un nivel coherente de reglamentación”.

En un documento de discusión publicado esta semana, la EBA propone, por tanto, nuevos trabajos sobre las fintech que abarquen tanto la regulación como aspectos como la protección del consumidor o el impacto en la lucha contra el lavado de dinero. La consulta finalizará el 6 de noviembre.

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