El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha manifestado al término de su declaración ante la juez Carmen Rodríguez Medel que «no había ningún elemento que le llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental» como era el de manifestación el pasado 8 de marzo en Madrid. Ha añadido que su actuación como delegado del Gobierno en este asunto siempre lo fue con arreglo a la ley y a las recomendaciones de los expertos en la evolución del covid-19.
Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas tras más de dos horas de declaración como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación con la celebración de concentraciones multitudinarias entre los pasados 5 y 14 de marzo, entre ellas la marcha del 8-M.
A Franco le acusan varias acciones populares en relación con la actuación de su departamento durante los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, pese a las advertencias del riesgo de contagio. La Fiscalía no encuentra indicios de delito y solicitó el archivo de la causa, al igual que ha hecho su defensa, que ejerce la Abogacía General del Estado, si bien la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid rechazó ayer esta pretensión.
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