Iñigo de la Serna, ministro de Fomento
El Ministerio de Fomento, a través de la empresa pública SEITTSA, asumirá este jueves la explotación y el mantenimiento de la autopista de peaje AP-36, que discurre entre Ocaña y La Roda. Es la tercera autopista del paquete de ocho que rescatará el Estado, tras la R-4 y la R-2.
El departamento que dirige Íñigo de la Serna sigue sin aportar un coste exacto de lo que costará asumir la deuda de las radiales, valorada en unos 3.200 millones más los créditos participativos concedidos a las grandes constructoras como ACS, Ferrovial, OHL o Sacyr para hacer frente a las expropiaciones millonarias que requirieron los 570 kilómetros de la red de pago que ahora hay que rescatar.
Estas ocho carreteras privadas suponen una quinta parte de la red no pública del país y se construyeron con unos 7.000 millones de euros en la época de Aznar, con previsiones de tráfico infladas. Una década después están siendo asumidas por el Estado cuando los juzgados correspondientes aprueban el plan de liquidación de las empresas adjudicatarias, declaradas en quiebra.
“La AP-36 pasará a ser la tercera autopista de peaje en quiebra que revierte al Estado en lo que va de año. El pasado 21 de febrero, SEITTSA asumió la explotación de la R-4 entre Madrid y Ocaña (Toledo) y el 1 de marzo la de la R-2 entre Madrid y Guadalajara. Ambas funcionan actualmente sin ningún tipo de incidencia”, explica hoy Fomento.
Quedan las siguientes: “Está previsto que las autopistas AP-7 entre Cartagena-Vera y AP-7 Circunvalación de Alicante reviertan al Estado el próximo 1 de abril, según los autos dictados por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid”.
Según Fomento, la reversión de estas autopistas al Estado “garantiza la prestación del servicio y la subrogación de todo el personal en las mismas condiciones que en la actualidad”.
Y recuerda que es la Ley de Contratos del Sector Público prevé que, en el caso de que una concesión de obra pública inicie la fase de liquidación en un concurso de acreedores, exista la obligación legal de resolver el contrato de concesión y que la infraestructura revierta a la administración concedente.
El plan del Gobierno de Mariano Rajoy para hacer frente a este millonario pellizco del rescate de autopistas, que el sector privado sitúa en más de 5.000 millones de euros y en pleno debate por el déficit de las pensiones, pasa por sacarlas de nuevo al mercado, en dos lotes, a finales de año.
“El Ministerio de Fomento tiene previsto relicitar las ocho concesiones actuales en dos contratos. Uno de ellos abarcará, por un lado, las autopistas del entorno de Madrid en un contrato (R2, R3/R5, R4, Eje aeropuerto (M12), Madrid-Toledo (AP-41) y Ocaña-La Roda (AP-36), mientras que en otro se incluirán las dos de la AP-7 (Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera)”, explica, insistiendo en que “el objetivo es licitar y adjudicar estas autopistas durante el ejercicio 2018”.
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