Fomento inicia el rescate de las autopistas pero sigue ocultando cuánto nos costará

Peaje
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El Ministerio de Fomento, liderado por Iñigo de la Serna, ha dado ‘luz verde’ este viernes al rescate de ocho de las nueve autopistas de peaje en quiebra. El Consejo de Ministros ha aprobado el expediente que resuelve los contratos de concesión de estas autopistas que serán asumidos por la sociedad SEITTSA, propiedad del Ministerio de Fomento. El coste de toda la operación sigue sin revelarse.

El Gobierno ha iniciado oficialmente el proceso de rescate de las autopistas en quiebra. Lo ha hecho a través del Consejo de Ministros de este viernes, donde ha autorizado al delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje para que pueda dictar medidas provisionales encaminadas a determinar la fecha en la que SEITTSA se hace cargo de la gestión de cada una de las autopistas de peaje.

El Ministerio de Fomento ha iniciado la resolución administrativa de los siete contratos de concesión, cuyas sociedades concesionarias se encuentran en fase de liquidación por insolvencia. Son siete contratos de ocho autopistas: la Radial 2, las Radiales 3 y 5, la Radial 4, la M12, la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-7 Circunvalación de Alicante y la AP-7 Cartagena-Vera.

La única que no se incluye, todavía, en la lista es la AP-41 Madrid-Toledo, que lo hará en las próximas semanas cuando se resuelva su situación concursal.

El proceso de reconversión en la titularidad de la gestión de las autopistas durará varios meses. De hecho, a estas alturas solo se sabe que Fomento asumirá la concesión de la R-4 el 21 de febrero y las referidas a la AP-7 el 1 de abril. Las fechas de las demás autopsitas se desconocen del mismo modo que el Gobierno sigue sin aclarar cuánto costará el rescate.

El Ejecutivo calcula que será una cifra próxima a los 2.000 millones mientras que la patronal de las constructoras (ACS, Ferrovial, OHL y Sacyr), SEOPAN, lo tasa en 5.000 millones.

La resolución de un contrato de concesión administrativa requiere una serie de trámites administrativos, como la audiencia al contratista, informe de la Abogacía del Estado o informe del Consejo de Estado, que ya se están llevando a cabo. Cuando estén finalizados, será el Consejo de Ministros quien apruebe la resolución de los contratos.