Según expone el decreto de archivo, esta línea de investigación –la tercera y última– comenzó en diciembre de 2020 a raíz de un informe emitido por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) que advertía de la existencia de este ‘trust’, JRM, al tiempo que apuntaba a «ciertos indicios de que el propietario último de los fondos del ‘trust’ podría ser Juan Carlos de Borbón».
Las pesquisas llevadas a cabo por la Fiscalía del Tribunal Supremo y Anticorrupción, con dos comisiones rogatorias libradas a las autoridades de Jersey, que contestaron con «abundante documentación», situaron a Joaquín Romero Maura, que habría ejercido de «consejero» oficioso de Juan Carlos I, como fundador de dicho ‘trust’ el 9 de marzo de 2004.
Romero Maura «se proyecta como el verdadero ‘dominus’ de los fondos del ‘trust'», si bien el origen de los mismos y las razones por las que se creó aparecen recogidas en las declaraciones juradas que hicieron en 2006 él y el ciudadano británico John Ruddy, designado como ‘protector’ o persona de confianza para controlar la acción de los ‘trustees’ o administradores, precisamente, por la «preocupación» de estos últimos.
Ruddy fue el que ofreció un relato más detallado. El punto de partida serían otros dos ‘trust’: Tartessos y Hereu. De acuerdo con el SEPBLAC, habrían sido constituidos también en Jersey en 1995 y 1997, respectivamente, por Manuel Jaime de Prado y Colón de Carvajal, «persona muy próxima» al rey emérito, con «donaciones de personas no identificadas que apoyaron entre los años 50 y 70» a Don Juan Carlos y 9 millones de dólares donados en 1999 por Simeón de Bulgaria.
El ‘protector’ contó que «la finalidad de ambos ‘trust’ era apoyar al entonces rey Juan Carlos I en el caso de que fuera depuesto por un golpe inconstitucional o una situación similar y tenían a este como único beneficiario».
Sin embargo, hacia finales de 2003, De Prado hizo ver al antiguo monarca la «conveniencia» de cerrar ambos ‘trust’. «En 2004, la situación política en España era estable, el heredero, hoy rey Felipe VI, acababa de contraer matrimonio, la monarquía gozaba de prestigio y el conocimiento público de la existencia de los ‘trust’, con la presencia en ellos de De Prado –ya entonces condenado por la Audiencia Nacional–, hubiera exigido embarazosas explicaciones», recoge Luzón.
Por estas razones, el aún jefe de Estado habría ordenado liquidar los dos ‘trust’ y transferir sus fondos a uno de nueva creación, JRM, que quedaría en manos de Romero Maura.
Este último reveló en su declaración jurada que el propio Don Juan Carlos le trasladó que «el propósito inicial de Tartessos y Hereu había devenido innecesario y que, por el contrario, de ser conocida su existencia por la opinión pública española resultaría embarazoso para la monarquía».
Por ello, le comunicó que «había decidido entregarle todos sus fondos, en atención a su amistad de muchos años y a los servicios prestados por su familia a la monarquía durante generaciones», y con «la certeza» de que «Romero Maura vivía de acuerdo a unos códigos éticos que no iban a cambiar por recibir ese dinero».
Así, le habría autorizado expresamente a «emplearlo como estimara más conveniente, incluyendo destinarlo a otras personas que pudieran necesitarlo, en las mismas circunstancias que concurrieron en el propio rey Juan Carlos en el pasado».
BENEFICIARIO «FUTURO»
Tanto Ruddy como Romero Maura aseguraron que el antiguo monarca «no llegó a aceptar fondos de los extinguidos ‘trust'» que dieron lugar a JRM, siendo el «consejero» oficioso y su mujer los únicos beneficiarios de este último.
No obstante, la Fiscalía refleja una carta de julio de 2009 en la que Romero Maura notificó a los administradores que él sería el «principal beneficiario» y, cuando muriera, su mujer, proponiendo también «otras dos clases de beneficiarios que quiere sean considerados por los ‘trustees’ para el futuro».
Destaca el llamado tercer beneficiario, que solo lo sería en el caso de que ocurrieran «ciertos hechos improbables, en circunstancias que califica de ‘tiempos problemáticos'».
Se trataría de «la persona o personas que hubieran cesado en la Jefatura del Estado de España a causa de un golpe anticonstitucional u otra similar circunstancia inhabilitante», aunque aclaró que no sería necesario que «hubiera sido literalmente destronada, derrocada, depuesta o exiliada», sino que «bastaría que le cualificara una pérdida de estatus implícita en los acuerdos que hubieren sido aceptados en aras de la armonía civil».
Romero Maura determinó que ese tercer beneficiario no debía recibir dinero de JRM mientras ostentara la Jefatura del Estado o «en caso de retorno al anterior ‘statu quo'», y se aseguró de que cuando fuera designado recibiera al menos 10 millones de dólares estadounidenses.
Además, puntualizó que por jefe de Estado se refería «no solo al monarca sino a otros servidores públicos reconocidos en ese momento por una Constitución liberal democrática». Para identificarlo cuando llegara el momento, los administradores debían consultarle a él y a Ruddy y, «en caso de duda», se debía designar a esa persona «siguiendo el criterio de la mayoría de la opinión pública, expresada por los editores de los 5 principales periódicos de Reino Unido».
Luzón considera «relevante» que «este tercer beneficiario nunca llegó a estar formalmente designado por los ‘trustees’, órgano del ‘trust’ competente para hacerlo, ni constan ulteriores menciones al mismo en la documentación disponible».
PARA NIÑOS Y REFUGIADOS
Romero Maura también perfiló como potencial beneficiario a «una institución de caridad» que debía estar domiciliada en Reino Unido y consagrada a la atención y el cuidado de los niños, pero que solo debía recibir dinero una vez muertos él y su mujer y sin tocar el capital potencialmente destinado al tercer beneficiario.
La vida de JRM refleja que Romero Maura y su mujer siempre fueron sus beneficiarios, llegando a percibir algunos fondos, si bien en sus primeros años de vida también los fueron dos hospitales infantiles y a partir de 2017 el British Refugee Council (BRC) se convirtió en el «único beneficiario» que debía recibir el dinero del ‘trust’ a la muerte del matrimonio.
Sobre el BRC, la Fiscalía comenta que «no hay duda de la actividad real» de esta organización caritativa fundada en 1951 para «ayudar a refugiados y personas que, huyendo de zonas de guerra, conflicto, violencia o persecución, buscan asilo en Reino Unido», «sin que exista indicio alguno de que pueda encubrir, a modo de pantalla, otros intereses o beneficiarios, y conste tampoco conexión alguna directa ni indirecta con Don Juan Carlos».
El Ministerio Público aclara que Ruddy y Romero Maura tuvieron que hacer sendas declaraciones juradas porque «los administradores de JRM nunca se sintieron del todo cómodos con la procedencia de sus fondos», aumentando su preocupación «a partir de que comenzaran a publicarse noticias sobre las investigaciones relacionadas con Juan Carlos de Borbón dirigidas por las fiscalías suizas y española».
Romero Maura fue clasificado por Barclays en 2004 como «persona expuesta políticamente (PEP), en atención a su perfil de riesgo, fundamentalmente el ser próximo a una ‘importante figura política española'».
