La consejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, interviene en Les Corts | Foto de la Generalitat Valenciana
En un escrito remitido al juzgado, al que ha tenido acceso la agencia EFE, la Fiscalía insiste en que Salomé Pradas era la autoridad competente para liderar las decisiones tras declararse el nivel dos de emergencia. Esta posición refuerza su petición de desestimar el recurso de apelación presentado por la exconsellera contra su imputación.
Tras la declaración de emergencia nivel dos durante la dana que afectó a la Comunitat Valenciana, la entonces consellera de Justicia e Interior tenía, según la Fiscalía, la responsabilidad de dirigir el plan especial ante el riesgo de inundaciones. Esta función implicaba, entre otras cosas, «determinar las medidas de protección a la población que debían adoptarse» para minimizar los riesgos.
«La dirección del plan especial y la adopción de medidas de protección correspondían a la consellera Salomé Pradas una vez declarada la situación de emergencia dos», señala el escrito de la Fiscalía
La imputación se basa en la posible omisión de decisiones esenciales que pudieron influir en las consecuencias trágicas del episodio de lluvias torrenciales.
Salomé Pradas había solicitado el archivo de las diligencias alegando que no puede atribuirse responsabilidad penal individual ni a personal técnico ni a responsables políticos concretos. En su recurso, defendía que las muertes causadas por la dana fueron consecuencia de un fallo global en el funcionamiento de las tres administraciones implicadas.
Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que su posición como máxima autoridad en la materia la hace directamente responsable de las actuaciones (o de su omisión) que se tomaron durante el episodio crítico.
La Fiscalía subraya que, si bien puede haber una responsabilidad compartida entre diversas administraciones, ello no excluye analizar la actuación individual de quienes tenían competencias específicas asignadas en la gestión de la emergencia.
La decisión final sobre la imputación de Salomé Pradas ahora depende del juzgado de instrucción, que deberá resolver el recurso. Mientras tanto, la causa sigue abierta y podría derivar en nuevos llamamientos o ampliaciones de la investigación.
La imputación de una exalta cargo autonómica en un caso relacionado con la gestión de emergencias supone un precedente importante para futuras actuaciones de responsabilidad política y penal en situaciones de crisis.
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