“Hemos decidido dar este paso excepcional, que nunca antes había sido necesario en democracia”, afirma la UPF en una nota, “porque el caso presenta problemas estructurales que afectan no solo a los derechos del afectado, sino al funcionamiento de la justicia en España y a la confianza pública que la sostiene”.
“Los hechos observados no son meros desacuerdos jurídicos, sino anomalías que comprometen la independencia judicial, generan una aparente falta de imparcialidad y afectan al equilibrio institucional en un Estado de Derecho”, afirman los fiscales progresistas.
Según recuerdan, “la relatora tiene el mandato de Naciones Unidas de supervisar, prevenir y denunciar situaciones que puedan suponer ataques —directos o indirectos— a la independencia de fiscales y jueces”.
“Acudir a este mecanismo internacional no es un gesto político”, aclara la UPF, sino “un mecanismo de protección institucional, amparado en los tratados de derechos humanos suscritos por España”.
La UPF solicite a la relatora de la ONU que “analice los hechos y valore si comprometen la independencia judicial”, así como que “inste al Estado español a revisar prácticas que puedan vulnerar estándares internacionales”. Por último, que “considere una visita oficial a España, como prevé su mandato, para evaluar el impacto institucional de este caso”.
