¿Fin de chollo fiscal de las grandes tecnológicas? Así es el impuesto que plantea Bruselas

‘En este mundo nada es seguro, salvo la muerte y los impuestos’. Durante los últimos años, las grandes tecnológicas como Apple, Google o Amazon han logrado regatear la histórica cita atribuida a Benjamin Franklin, pero la Comisión Europea se ha puesto manos a la obra para asegurarse de que el fisco llame a sus puertas; un movimiento que, en España, podría servir para paliar los problemas del sistema de pensiones.

La actual normativa fiscal de los países europeos se ha demostrado obsoleta a la hora de abarcar a empresas que operan a escala mundial, de forma virtual o que tienen escasa o nula presencia física, y que han florecido en los últimos años gracias a los avances tecnológicos. A día de hoy, nueve de las veinte mayores empresas del mundo por capitalización bursátil son digitales, en comparación con una de veinte hace diez años. El reto está en sacar el máximo provecho de esta tendencia, garantizando al mismo tiempo que las empresas digitales también contribuyan con sus impuestos “en la medida que les corresponda”, según señalaba la Comisión Europea el pasado mes de marzo.

La solución que ha encontrado el Ejecutivo europeo es crear un impuesto que abarque las principales actividades digitales. Este gravamen a escala europea, en principio “provisional”, tiene como objetivo garantizar que las actividades que actualmente no están efectivamente sujetas a tributación empiecen a “generar ingresos para los Estados miembros de forma inmediata”.

En principio, se aplicaría a los ingresos generados por actividades en las que los usuarios desempeñan un papel importante en la creación de valor y que son más difíciles de gravar con la normativa fiscal actual. Según explica Bruselas, entre ellos estarían los ingresos generados por la venta de espacios publicitarios ‘online’, los facturados a partir de las actividades de intermediarios digitales que permitan a los usuarios interactuar con otros usuarios y que puedan facilitar la venta de bienes y servicios entre ellos y los generados a partir de la venta de datos obtenidos de información aportada por el usuario.

Los ingresos fiscales serían recaudados por los Estados miembros en los que se encontrasen los usuarios, es decir, donde las compañías realizan las ventas, y no únicamente donde está ubicada su sede. De aprobarse, este impuesto se aplicará solamente “a las empresas con un total anual de ingresos de 750 millones de euros a nivel mundial y de 50 millones de euros en la UE”, por lo que las pequeñas empresas emergentes y en expansión quedarían “exentas de esta carga”.

El organismo habla de un tipo de gravamen del 3% que generaría a los Estados miembros unos ingresos fiscales por valor de 5.000 millones de euros anuales, según sus cálculos.

El impuesto servirá para pagar las pensiones

Este impuesto especial a empresas como Google, Amazon o Apple es precisamente la respuesta que encontró en España el Gobierno de Mariano Rajoy para solucionar el problema de las pensiones públicas, una idea que ha heredado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Las subidas contempladas hasta ahora, muy por debajo del coste de la vida, habían provocado una avalancha de protestas por parte de los pensionistas, y en su negociación de los Presupuestos finalmente se acordó con PNV una actualización al nivel del IPC para los años 2018 y 2019.

Reforma del impuesto de sociedades

No obstante, el impuesto a las actividades digitales será en principio sólo un parche provisional antes de acometer una reforma común de las normas europeas relativas al impuesto sobre sociedades. Esta reforma planteada también la Comisión Europea permitiría a los gobiernos gravar los beneficios que se generen en su territorio, aunque una empresa no tenga presencia física en dicho país, contribuyendo a las finanzas públicas en la misma medida que las empresas físicas tradicionales.

De acuerdo con los planteamientos de Bruselas, se considerará que una plataforma digital tiene una ‘presencia digital’ gravable si supera el umbral de siete millones de euros de ingresos anuales en un país; tiene más de 100.000 usuarios en un país durante un ejercicio fiscal; o en un ejercicio fiscal se generan más de 3.000 contratos de servicios digitales entre la sociedad y los usuarios.

Las nuevas normas también aspiran a cambiar la manera en que se asignan los beneficios a los Estados miembros de modo que se refleje mejor la manera en que las empresas pueden crear valor en línea: por ejemplo, en función de la ubicación del usuario en el momento del uso.

Acceda a la versión completa del contenido