05/02/2021 La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante el acto de En Comú Podem 'El cambio feminista que Cataluña merece', en Barcelona, Catalunya (España), a 5 de febrero de 2021. SOCIEDAD Marc Brugat - Europa Press
En este contexto, diferentes organizaciones feministas advierten de las consecuencias de sustituir el término género, o «los estereotipos y mandatos impuestos a cada sexo» por el de sexo, que, según apuntan, es «biológico e inmutable».
«Si el género sustituye al sexo, la mismísima ley integral de violencia de género deja de ser un texto de protección a las mujeres», advierten las entidades que forman la Alianza contra el Borrado de las Mujeres.
Aunque este es un debate que ya lleva tiempo dentro de los entornos feministas, no se ha popularizado para el resto de la ciudadanía hasta que se inició la tramitación de la conocida como Ley Trans, en la que se incluyó la autodeterminación de género que este colectivo reclama.
Por esta medida, una persona podrá modificar su nombre y su sexo en el DNI con el único requisito de su voluntad expresa. El objetivo de esta iniciativa es despatologizar este trámite, pues, actualmente, una persona trans necesita ser diagnosticado por un psiquiatra de disforia de género para acceder a un cambio en la documentación.
Esta ley, actualmente en trámite tras ser aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros, es considerada por parte del movimiento feminista como una norma «contra las mujeres».
Una de las entidades que más ha visibilizado esta situación es la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que han pedido la dimisión de Montero y que han advertido de que con la aprobación de la autodeterminación de género leyes como la de Violencia de Género o la de Igualdad se «anulan» y «desactivan».
«Si el género sustituye al sexo, la mismísima Ley integral de violencia de género deja de ser un texto de protección a las mujeres dado que estas ya no serian el sujeto jurídico de la norma que pasaría a incluir también a los varones que digan que ‘se sienten’ mujeres», advierte la organización, en declaraciones a Europa Press.
A su juicio, modificar las normas en este sentido, puede suponer «el final de las políticas de protección reforzada para las mujeres en los casos de violencia por razón de sexo».
En España, a raíz de la aprobación de la Ley de Violencia de Género, es habitual usar esta terminología para hablar de esta lacra, aunque legalmente solo incluya a aquella violencia que sufren las mujeres por parte de una pareja o expareja. Conceptos como ‘violencia contra las mujeres’ o ‘violencias machistas’ son más recientes en el país.
El Convenio de Estambul (ratificado por España en 2014) ya habla de violencia hacia mujeres y niñas y con el Pacto de Estado contra esta lacra, que el Congreso y el Senado aprobaron en 2017, se buscó ampliar la legislación a otros tipos de violencia como la violencia sexual, la mutilación femenina, el matrimonio forzado o la trata con fines de explotación sexual, entre otras.
Aunque es habitual escuchar a la ministra hablar de violencias machistas, la legislación y las nuevas medidas siguen hablando de violencia de género. Preguntada por un posible cambio legal de la terminología, en actos y comparecencias, Montero alega que la actual normativa habla de violencia de género y que en el Pacto de Estado se acordó abordar los diferentes tipos de violencia en leyes independientes y no tocar el texto que entró en vigor en 2005.
Para Borrado de las Mujeres, «la expresión más precisa para aclarar a qué se refiere la conocida como violencia de género» sería «violencia masculina contra las mujeres», porque, a su juicio, «queda expresado quién la ejerce y quién la padece».
En este sentido, cree que, tanto en España, como algunos consensos internacionales, están usando «mal» el concepto género en los documentos públicos.
«El género, los estereotipos y mandatos impuestos a cada sexo, no es el sexo, biológico e inmutable», insiste la organización, para añadir que «la violencia contra las mujeres es utilizada para mantener una jerarquía de dominación tanto en el ámbito de las relaciones de pareja como cuando se produce una violación o un matrimonio forzoso».
Es por eso que desde esta entidad critican que desde el Gobierno se «pretenda sustituir jurídicamente el sexo registral de las personas por el género sentido por cada cual».
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