En la entrevista, el líder popular ha avanzado que su intención si gana las elecciones generales del próximo 23 de julio es dotar a estos nuevos tributos de una mejor cobertura legal, pero no se compromete a eliminarlos. Según Feijóo esas tasas fueron «mal diseñadas» y necesitan mejoras.
Ya el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, señaló recientemente que el impuesto a las eléctricas debe adaptarse «a lo que diga Bruselas» y que su formación aboga por convertir el gravamen a la banca en un fondo que «vaya directamente a las familias».
El impuesto temporal a la banca impulsado por el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez grava al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que hayan facturado más de 800 millones en 2019 y el tributo afectará a la actividad que las entidades desarrollen en España.
Por su parte, el tributo energético impuesto por el Gobierno de coalición grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo energético que hayan facturado más de 1.000 millones en 2019. Se excluye de la facturación objeto del gravamen los ingresos derivados de las actividades reguladas.
De este modo, el impuesto no afecta a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.
«Tenemos que ajustar el riesgo legal en el que estamos incurriendo», ha argumentado Feijóo, tras explicar que la tasa es altamente vulnerable ante la Justicia porque se aplica a los ingresos y no a los beneficios.
El candidato popular se ha comprometido a «hablar con las compañías energéticas y con los bancos para recurrir a su solidaridad y decidir cuál es la mejor manera de que contribuyan a reducir la deuda pública y el déficit… antes de tomar decisiones».
