Fedea dice que una condonación general de impuestos «carece de sentido» y una renta básica sería «despilfarro»

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ve «aconsejable» la flexibilización de los plazos tributarios pero rechaza cualquier medida de condonación general de tributos y cotizaciones sociales porque «carece de sentido», al tiempo que ve un «despilfarro inútil» aprobar transferencias generalizadas de renta, como una renta básica universal, en la primera fase, ya que iría en parte a quien no las necesita y no ayudaría a estimular la demanda.

Así lo señala Fedea en un documento publicado este lunes con consideraciones sobre finanzas públicas y el Covid-19, en el que subraya que se requiere «agilidad» y la «calidad de gestión» en las políticas y que en la primera fase de la crisis, los recursos transferidos deben ir destinados, prioritariamente, a preservar la capacidad productiva, para lo que considera que deben tenerse en cuenta las interrelaciones entre sectores, con el mercado de trabajo y con el sector financiero.

A su juicio, las obligaciones tributarias y las correspondientes a las cotizaciones sociales «deben adecuarse a la capacidad de pago de las empresas y de los trabajadores», por lo que cree que «carece de sentido» cualquier medida general de condonación de deudas tributarias o por cotizaciones sociales.

MODULAR LOS IMPUESTOS A LA CAPACIDAD DE PAGO

No obstante, ve necesaria la flexibilización y ajuste a la capacidad de pago real de los mecanismos de pagos a cuenta establecidos en la normativa tributaria y, por razones de gestión, cree que sería recomendable diseñar medidas de aplazamiento durante la primera fase de la crisis, bajo «contingencias verificables», posponiendo para la segunda fase los correspondientes ajustes definitivos en función de los cambios que se hayan producido en la capacidad de pago gravada en cada impuesto.

Asimismo, Fedea hace hincapié en que la focalización correcta de las medidas presupuestarias es «crucial» en la primera etapa de la crisis y considera que, aceptando que seguramente serán «insuficientes» para las empresas y hogares que lo necesitan, las transferencias generalizadas de renta serían un «despilfarro inútil» porque irían «a quienes no lo necesitan, bien porque tengan recursos, bien porque no puedan utilizarse por falta de oferta o de demanda».

RENTA MÍNIMA DESPUÉS

En este sentido, subraya que «medidas que hoy no valen para nada y son un despilfarro, más adelante pueden ser muy eficaces para contribuir a la reactivación», e insiste en que, en la primera fase, las transferencias generalizadas como rentas básicas universales, «no son un instrumento adecuado para una situación como esta, pues diluyen el esfuerzo presupuestario para garantizar liquidez entre todos los ciudadanos, sin tener en cuenta si estos han perdido o no sus ingresos».

Por ello, recalca que las transferencias de rentas, tanto a familias como a empresas, deben definir para quién y para qué se dirigen, con un control posterior.

Para Fedea, durante la primera fase de la crisis, coincidente con la duración de la pandemia, los programas presupuestarios y las medidas instrumentales, como las líneas de préstamos públicos y los avales para deudas privadas, deben orientarse «prácticamente en exclusiva» a garantizar la liquidez de las empresas, societarias y personales, y a mantener niveles adecuados de renta.

«Si este reto de preservar el tejido productivo y la capacidad de consumo de los hogares no se logra, el riesgo de que la crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia, simultáneamente para las empresas y las familias y, consecuentemente, para el sector financiero y finalmente para el sector público, es muy elevado», advierte.

Eso sí, señala que también hay que cubrir las necesidades básicas de las familias, destacando que algunas medidas en esta línea ya se han comenzado a poner en marcha, incluyendo prestaciones de mantenimiento de rentas y ayudas específicas para ciertas necesidades básicas en el caso de las familias y avales para préstamos a empresas.

COMPRA DE DEUDA DEL BCE

Los autores del documento, Julio López Laborda (Universidad de Zaragoza y Fedea) y Jorge Onrubia (UCM-ICEI y Fedea), creen que será «imprescindible» una actuación coordinada de las autoridades monetarias y fiscales, y consideran que muchas de las medidas necesarias comportarán un aumento importante del gasto público que podría en principio financiarse mediante mayores impuestos, la emisión de deuda y/o la inyección de dinero por parte de los bancos centrales.

Sin embargo, creen que la primera vía resulta «poco viable» a corto plazo dada la rápida erosión que sufrirán las bases fiscales como resultado del parón de la actividad y podría tener efectos contraproducentes si dificulta la reactivación.

En cuanto a la segunda, avisan de que el margen de actuación dependerá de la situación fiscal de cada país o área económica pero la capacidad de los mercados para absorber el volumen necesario de deuda sin grandes tensiones podría no ser suficiente.

En el caso europeo, este problema podría darse aunque se llegue a un acuerdo para lanzar una emisión conjunta de «coronabonos» que conllevaría la mutualización de al menos parte de los costes de la crisis, por lo que, concluyen los autores, habrá que recurrir a la «monetización» de buena parte de los déficits generados por la crisis mediante la compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo y otros bancos emisores.

«Estas instituciones, que ya han comenzado a tomar medidas en esta línea, tendrán también un papel importante que jugar asegurando la liquidez del sistema bancario y modulando sus requisitos regulatorios sin comprometer su solvencia», añade.

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