Hervé Falciani
El que fuera informático del banco HSBC Hervé Falciani, condenado en Suiza por espionaje económico por sustraer información de miles de defraudadores que escondían sus fondos en esa entidad, ha señalado este miércoles que uno de los problemas más relevantes hoy en día en la lucha contra el blanqueo de capitales es que, al igual que ocurre en el mundo de la comunicación, el modo de blanquear se ha «democratizado».
En una conferencia sobre la directiva europea 2019/1937 de Whistleblowing (relativa a la protección de los denunciantes de casos de corrupción) organizada por el Colegio de Registradores de España, Falciani ha subrayado que en la lucha de los estados contra la corrupción se da un problema de «inteligencia económica» por el contexto actual en el que la ciudadanía «tiene un papel más importante, más contundente», y ha advertido de que la tecnología «va un paso por delante del derecho».
Como reto, o dificultad, ha puesto la lupa en que los métodos para blanquear cambian de forma muy rápida porque se adapta a las nuevas tecnologías que permiten por ejemplo lavar dinero a través de criptomonedas o centros de trading online sin necesidad de pasar por una entidad bancaria.
Y ha añadido a esto que el problema puede no estar tanto en la dificultad que tengan las personas anónimas en denunciar un caso concreto como en la visión social del hecho. Ha sostenido que gusta más en la sociedad «evadir y blanquear que tener los recursos para luchar contra esto».
Al hilo, ha explicado que en estos momentos en esa lucha contra el blanqueo no se debe poner el foco sólo en los paraísos fiscales, sino también en los paraísos judiciales. Así, ha indicado que el problema ya no es donde está radicada la empresa defraudadora sino qué intermediarios utiliza y dónde están, porque por ejemplo Dubai es un país que es elegido habitualmente por sus características judiciales.
«Eso expone que los temas que tratamos aquí no son sólo técnicos, sino también legales y tienen una complejidad muy parecida a cuando se trata de gestionar flujos logísticos, y esto supone un gran cantidad de datos», ha explicado.
El director de la Agencia Antifraude Valenciana, Joan Llinares, que ha centrado su exposición en las denuncias de corrupción, ha señalado que la asignatura pendiente en España desde hace años es la aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción que se aprobó en 2003 y que fue ratificada en 2006.
Sobre este asunto ha indicado que Espña «no aplica las mayor parte de las medidas que se exigen», como la de crear órganos independientes encargados de prevenir la corrupción, establecer medidas para que funcionarios públicos denuncien casos de corrupción, o facilitar el acceso a órganos de lucha contra la corrupción para que se pueda denunciar incluso de manera anónima.
Sobre su experiencia en Valencia, ha indicado que cuando se creo la agencia se hicieron los canales para que se pudieran denunciar casos, y se estableció un estatuto de la persona protegida. Al hilo, ha informado de que en la actualidad su agencia protege a 21 personas, la mayor parte funcionarios públicos, que sufren represalias en el ámbito laboral y familiar por sus denuncias.
«Hoy por hoy, las personas no se sienten respaldadas cuando denuncian. Nosotros trabajamos para tener la máxima protección del denunciante, que es la denuncia anónima», ha añadido.
El exministro de Justicia Francisco Caamaño ha recordado en su turno de palabra cuáles son los orígenes del Whistleblowing, y ha destacado la importancia de este tipo de canales de denuncia en empresas. También ha señalado que la directiva europea hace que los canales «dejen de ser algo contingente para ser algo necesario», parafraseando a José Luis Cuerda en ‘Amanece que no es poco’.
Al respecto, ha indicado que esos canales han de estar gestionados de forma segura para asegurar la confidencialidad, debe haber un departamento concreto, un plazo razonable de respuesta no superior a 3 meses y ser de fácil accesibilidad.
Por su parte, Mónica Martínez, del Colegio de Registradores, ha presentado el nuevo Canal de Denuncias en la lucha contra el Blanqueo de Capitales del Colegio de Registradores de España (aun en fase piloto), y ha subrayado que el objetivo del mismo es prevenir los incumplimientos normativos y colaborar con la autoridad judicial.
Además, ha recordado que la consecuencia directa de este tipo de herramientas de denuncia es que desincentiva la comisión de delitos, y genera más transparencia corporativa y más confianza en clientes, empleados y proveedores.
Por otro lado, ha resaltado que es fundamental en la implementación de este canal garantizar la denuncia anónima, y claro está, también preservar el anonimato del denunciado. Y ha añadido que es fundamental no solo informar a los actores del canal sino formarles sobre el procedimiento.
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