Según informa FACUA, el Ejecutivo ya ha enviado el borrador a Bruselas esperando la aprobación de la ley que se rige bajo el principio de “quien contamina, paga”. El Gobierno pretende implantar este sistema en las autopistas y autovías para que se vaya extendiendo a otras redes “de forma progresiva”.
La asociación considera que el mantenimiento de las carreteras debería financiarse con “los impuestos directos de los ciudadanos” a través de los Presupuestos Generales del Estado. De lo contrario, advierten, la medida afectará a los usuarios con menor poder adquisitivo. Los peajes suponen un pago por igual de todos los usuarios “sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica”, denuncia FACUA.
Una apuesta firme y clara por el transporte colectivo “eficiente” no discriminaría las personas que no cuentan con la capacidad económica de vivir en grandes urbes y que dependen del coche para desplazarse, sostiene. Sin embargo, critica que el Ejecutivo se excusa en que los costes de mantenimiento de la red de carreteras de alta capacidad “no son posibles de asumir de manera directa por los PGE”.
