Facua incide en que en el Real Decreto-ley, por el que está vigente la rebaja del impuesto, consta que «ninguno de estos productos puede subir de precio salvo que se produzcan incrementos de costes».
Por ello, la organización ha instado al Gobierno a poner en marcha, «de una vez, los «controles», así como a emprender actuaciones sancionadoras contra fabricantes y empresas de distribución que estén saltándose la congelación de márgenes impuesta en la norma.
La asociación ha denunciado los hechos un mes más ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al que ha insistido en pedir la apertura de una investigación para determinar en qué casos se han producido aumentos en los márgenes de beneficio y sancionar a las empresas responsables.
Facua ha recordado que viene denunciando las subidas desde el pasado septiembre ante la Dirección General de Consumo, que depende ahora de la cartera del ministro Pablo Bustinduy, y ha afirmado que, hasta la fecha, «no ha obtenido ninguna respuesta».
LOS PRECIOS AUMENTAN DE FORMA PROGRESIVA DESDE ENERO
La asociación ha destacado que elporcentaje de precios en los que ha detectado subidas ha aumentado de forma «progresiva» desde enero.
Así, mientras que en el primer mes de 2023 solo detectó incrementos en el 6,7%, en febrero fueron el 17,4%; en marzo, el 30,8%; en abril, el 42,0%; en mayo, el 43,8%; en junio, el 44,7%; en julio, el 47,0%; en agosto, el 48,4%; en septiembre, el 48,9%; en octubre, el 52,4%; en noviembre, el 53,8%, y en diciembre, del 52,9%.
Aunque desde Facua han detallado que diciembre ha sido el único mes donde el porcentaje ha sido inferior al anterior, aunque «muy levemente».
En este sentido, la asociación ha revisado en esta ocasión la evolución de 977 precios de ocho cadenas de distribución los días 5, 12, 15 y 18 de diciembre, entre los que hadetectado que en 517, esto es, el 52,9%, el precio se ha encarecido con respecto al que tenían el pasado 30 de diciembre una vez aplicada la rebaja del IVA.
Por ello, la organización ha manifestado que tanto el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, como las autoridades de protección al consumidor autonómicas, tienen competencias sancionadoras ante estas prácticas, dado que se las otorga el artículo 47 del real decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores.
Facua ha recordado que el artículo 72 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, señala en su apartado 3 que «la reducción del tipo impositivo beneficiará íntegramente al consumidor, sin que, por tanto, el importe de la reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial con el consiguiente aumento de los precios en la cadena de producción, distribución o consumo de los productos».
