Billetes de euros.
En la jornada han participado Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, y Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del propio instituto.
Los participantes en el encuentro han insistido en la relevancia de dar libertad a los ciudadanos para que puedan pagar de la forma que mejor consideren.
«Es importante garantizar que el efectivo pueda funcionar vis-a-vis en las mismas condiciones regulatorias que otro medio de pago. La pandemia ha reavivado ese debate y puede que lo haya hecho para bien. Pasó en el distrito de Washington, cuando algunos restaurantes comenzaron a negar pagos en efectivo y muchos ciudadanos, especialmente aquellos con menos recursos, se veían excluidos, cuando no directamente discriminados», ha destacado Carbó.
El pasado mes de marzo, el Consejo Económico y Social de la Unión Europea (CESE) aprobó un dictamen sobre la Estrategia de Pagos Minoristas en cuyo texto se apuntaba a que el efectivo es de «una enorme importancia para la inclusión social y el acceso a los servicios básicos» y que, a pesar de que la pandemia ha acelerado el crecimiento de los nuevos modelos de pago digitales, el efectivo sigue siendo el medio de pago preferido de los consumidores en sus puntos de venta y en las transacciones minoristas entre particulares.
En este sentido, Lambás ha mantenido que «garantizar el acceso igualitario, asegurar la privacidad de la población en sus transacciones comerciales, garantizar la seguridad ante los incidentes tecnológicos o promover la libertad de elección son asuntos críticos que hacen pensar en una larga vida para el efectivo».
«Porque impedir o dificultar el acceso al dinero efectivo no hace otra cosa que incrementar la desigualdad y fomentar un reparto injusto de la riqueza», ha reflexionado.
En el debate se han puesto de manifiesto los riesgos que conlleva el exceso de digitalización, ya sea en cuestiones de falta de seguridad o en situaciones de catástrofes naturales o decisiones políticas autoritarias que bloqueen el acceso a internet y, por lo tanto, los medios digitales de pago.
De hecho, han recordado que un reciente informe aprobado por la ONU ya advierte de los peligros de una sociedad «sobredigitalizada» y de cómo las tendencias negativas de la digitalización representan obstáculos a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
Ante ello, consideran que el dinero en efectivo puede actuar como una red de seguridad de la economía lo que para Carbó es «el ejemplo más palmario de la importancia del efectivo». «Muchos analistas creen que el próximo gran suceso inesperado estará relacionado con la privacidad o los datos. En este contexto, el efectivo tiene que estar ahí para dar estabilidad», ha reclamado.
Otro de los puntos abordados durante la jornada ha sido la relación del fraude y el dinero en efectivo, un argumento que en ocasiones ha sido utilizado por determinadas iniciativas y propuestas legislativas que pretenden limitar el uso de efectivo. «¿Se trata de un mito o una certeza?», ha reflexionado los expertos.
«La realidad es que en España, el 88% de los ciberdelitos que se producen están relacionados con estafas informáticas vinculadas a pagos digitales, según el VII Informe sobre Cibercriminalidad elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad. Incluso la Agencia Tributaria reconoce que el impacto sobre el PIB del posible fraude en torno al dinero en efectivo es residual, mientras que el fraude en todo lo que tiene que ver con divisas digitales o criptomonedas crece de forma exponencial», ha explicado Lambás.
Siguiendo esta línea, Carbó ha argumentado que en el terreno de la utilidad púbica se argumenta tradicionalmente que el efectivo está relacionado con la economía sumergida y que favorece el fraude. La evidencia reciente, sin embargo, sugiere que el efectivo ligado a operaciones delictivas se reduce y que lo que hay que «combatir es el fraude fiscal y los delitos en sí, no el medio de pago», tal y como ha indicado.
«El fraude con medios de pago electrónicos está siendo creciente. En un informe reciente estimamos que, desde 2014, el fraude con efectivo ha disminuido con una caída del 1,7 % anual, mientras que el fraude con tarjeta ha aumentado un 16,2 % al año», ha concluido Carbó.
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