El portavoz del Centro Sindical Independiente y de Funcionarios de Prisiones (CSIF), José Manuel Couso, ha negado hoy que exista una huelga encubierta en las cárceles españolas y ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska por poner en duda la profesionalidad del colectivo.
Couso ha hecho estas declaraciones después de que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, confirmara –en una entrevista en Onda Cero- que están trabajando para dilucidar si el colectivo está en una huelga encubierta ante las “bajas médicas masivas”, de hasta un 40% de los funcionarios, que ese están produciendo en diversas cárceles, advirtiendo que “si esto es organizado podría haber responsabilidades penales”.
Sin embargo, el representante de CSIF responde a Ortiz que “con la salud no se juega, si un funcionario está enfermo debe acudir al médico y éste deberá determinar si lo está o no”. “El secretario general tiene que sentarse a negociar con nosotros de una vez por todas. Hablamos de 3.500 personas que no están trabajando y son necesarias”, ha subrayado Couso.
Además, desde CSIF exigen la dimisión del ministro del Interior por poner en duda, tal y como explican, la profesionalidad del colectivo de funcionarios de prisiones. “En vez de amenazar deberían coger el toro por los cuernos, sentarse a negociar y afrontar las necesidades estructurales de esta Administración”, argumentan.
Fuentes penitenciarias han explicado por el momento, las bajas presentadas son de tres días para las que, en el caso de los funcionarios, solo se exige el justificante médico, por lo que se está “monitorizando” la evolución de esas bajas, según informa Efe.
La situación empezó a finales de la semana pasada en las cárceles de Castellón y Archidona (Málaga) donde 16 de los 20 funcionarios del cuerpo de vigilantes presentaron baja el domingo.
El lunes, la ausencia de funcionarios se produjo de forma masiva en otras prisiones como las alicantinas de Fontcalent y Villena, la de Arrecife o la de A Lama, en Pontevedra, donde faltó más de la mitad de la plantilla.
Ayer fue la cárcel de Albolete (Granada) la que vivió esta situación con la baja de 39 de los 42 funcionarios encargados de la vigilancia, lo que, según las fuentes consultadas, puede suponer un riesgo para la seguridad del resto de empleados y los propios reclusos.
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