La Cumbre Europea del 24 y el 25 de marzo se presentaba como una cita clave para que los líderes de la UE acuerden medidas clave para intervenir en el mercado mayorista energético y paliar la difícil situación a la que se enfrentan empresas y familias europeas desde la invasión rusa de Ucrania.
Sin embargo, según publica Bloomberg, es probable que los líderes de la UE eviten aprobar esta intervención del mercado. En cambio, podrían acordar acciones inmediatas para reponer el agotado almacenamiento de gas natural, así como medidas urgentes para ayudar a los consumidores minoristas a asumir parte de la carga de las crecientes facturas energéticas, según diplomáticos con conocimiento del asunto.
La energía se ha convertido en uno de los temas principales de la agenda política europea después de que los costes de los combustibles hayan batido récords debido a la escasez de gas y a la preocupación por los envíos de Rusia, la mayor fuente de importaciones de la UE. Aunque la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, ha esbozado medidas para reducir la dependencia de Moscú en casi dos tercios ya este año, los gobiernos están recibiendo una presión creciente de los consumidores y las empresas para amortiguar el impacto de la crisis.
Pero la división dentro de la UE se agudiza en cuanto a la forma de afrontar las subidas de precios, ya que los países predominantemente del sur del bloque piden que se tomen medidas urgentes para desvincular los costes de la energía de los precios del gas y los miembros del norte instan a la moderación.
La propuesta de España, por ejemplo, pasa por fijar un precio máximo al gas de forma que no ‘contamine’ los precios de otras fuentes de energía como las renovables. El presidente del Gobierno, pedro Sánchez, ha acelerado contactos en los últimos días para lograr apoyos a esta proposición: la semana pasada ya se reunió, entre otros con el alemán Olaf Scholz, el portugués António Costa y el italiano Mario Draghi, mientras que hoy está previsto que se cite con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.
Sin embargo, países como Holanda, Dinamarca, Alemania, Estonia y Finlandia han advertido que no deben intervenir en el mercado mayorista y se oponen a un límite de precios. La UE necesita unanimidad para tomar este tipo de decisiones políticas, pero los Estados miembros tienen fuentes de energía tan variadas que es difícil dar una respuesta de emergencia conjunta.
La Comisión Europea está diseñando su segunda serie de medidas de emergencia entre las que podrán elegir los Estados miembros. Se centrarán en el apoyo a los ingresos de los consumidores vulnerables, como vales o pagos parciales de la factura, y en la ayuda estatal a las empresas afectadas, según los diplomáticos, que pidieron no ser identificados ya que las conversaciones al respecto son privadas. La caja de herramientas se aprobará esta semana y se presentará a los líderes en su reunión del 24 al 25 de marzo.
Las medidas de emergencia a corto plazo podrían incluir un recorte de los impuestos especiales y del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de los productos energéticos, señalan las fuentes a Bloomberg. Otro instrumento que se podría presentar a los líderes sería la creación de una entidad que comprara electricidad en el mercado y la vendiera a determinados consumidores a precios inferiores a los del mercado. El mayor obstáculo para ello serían los elevados costes presupuestarios.
En otra opción de reducir los precios finales, se podría fijar un precio de referencia para el mercado mayorista. En este caso, se subvencionaría a los productores de electricidad por la diferencia entre sus costes reales de gas, petróleo o carbón y un precio de referencia preestablecido. Otra posibilidad es introducir un tope en el mercado mayorista de la electricidad.
Pero, según Bruselas, además de ser costosas, estas medidas podrían falsear la competencia y complicar el comercio transfronterizo.
El brazo ejecutivo de la UE también va a poner de relieve la posibilidad de gravar los beneficios excepcionales de algunas empresas energéticas que no dependen del gas y, por tanto, no se enfrentan a costes de producción extremadamente altos. Las ganancias de los agentes del mercado del gas que venden volúmenes contratados a largo plazo a precios mucho más altos en acuerdos al contado también podrían estar sujetas a ese impuesto, y los ingresos se utilizarían para ayudar a los consumidores.
Otra opción sería la intervención reguladora mediante la imposición temporal de un precio a los beneficios excesivos de algunos productores de energía. Sin embargo, en opinión de la Comisión, sería un paso arriesgado, ya que podría dar lugar a recursos legales y riesgos para la seguridad del suministro.
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