Europa aprueba su ley contra el blanqueo con el menor consenso en una década

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El Consejo Europeo ha votado recientemente sobre cómo abordar el fraude y el blanqueo de capitales en la UE. Los 28 jefes de Estado y de Gobierno dieron un sí a duras penas a la directiva de protección de los intereses financieros (PIF, por sus siglas en inglés): la norma se aprobó con el apoyo de estados que representaban al 69% de la población europea y el rechazo de países del peso de Alemania y Polonia. Reino Unido estaba eximido de votar. El umbral de éxito para este tipo de votaciones está fijado en el 65%.

Según analiza el think tank VoteWatch Europe, se trata de la mayoría cualificada más reducida en la historia de la toma de decisiones de la UE; o al menos desde 2009, desde que la plataforma guarda registros. Muchos países presentaron fuertes reservas respecto a la directiva, especialmente sobre si la UE debería o no regular el fraude contra el IVA: algunos países rechazaron aumentar las sanciones o dar más poder a la UE para procesar a los responsables de fraude. Destaca la posición de Alemania, normalmente a la vanguardia de la integración europea, que en este caso rechazó la directiva y fue derrotada en la votación.

Pero más allá de la importancia de la materia, con normas comunes para sancionar el fraude, el blanqueo de capitales y la apropiación indebida de fondos, el instituto de investigación atisba cambios significativos en la manera en que la UE toma sus grandes decisiones.

Porque “el futuro de Europa no es sólo un debate teórico sobre cómo será la UE en 2015”, reflexiona. Sino que los principios de la Unión se reflejan en el día a día de sus instituciones. En el Consejo, la toma de decisiones ha sido tradicionalmente vista como un trabajo hacia la convergencia. El resultado final debe ser un consenso que satisfaga a todos.

La votación de la directiva del PIF pone de manifiesto tendencias más generales sobre la toma de decisiones en el Consejo, en las que llegar a un consenso podría llegar a ser cada vez más complejo en el futuro. Cada país tiene su propia agenda y una comprensión distinta de lo que la UE debería ser en el futuro. Algunos quieren una «UE más pequeña», mientras que entre los que quieren una «UE más fuerte» hay diferencias sobre en qué ámbitos la unión de países debería reforzarse o dónde limitar sus poderes. “Todo esto puede conducir a dificultades en la toma de decisiones”, apunta la plataforma.

La paulatina ruptura del consenso podría ser el presagio del bloqueo a determinadas políticas o del surgimiento de “clubes” internos de países, unidos momentáneamente por el interés en forzar posiciones concretas con la herramienta de la mayoría cualificada del 65% de la población. “Las divisiones entre los 28 (pronto 27) pueden estimular a algunos Estados miembros a integrarse en clubes, lo que otros perciben como un peligro para la unidad europea. Éstos últimos son los estados no pertenecientes a la zona euro y de Europa central, que no quieren ver nuevos clubes emergentes de los que no formarán parte”, cuestiona el think tank.

Mayoría cualificada sin consenso

Según este laboratorio de ideas, un mayor uso de la votación por mayoría cualificada permite a los Estados tomar decisiones ambiciosas que no podrían lograr desde la unanimidad, especialmente si las decisiones atañen a intereses nacionales sensibles. Sin embargo, el abandono en la búsqueda del acuerdo facilita que los gobiernos puedan criticar a la UE en sus parlamentos nacionales, lo que acaba conduciendo a un aumento de la división entre los Estados miembro. Es el caso de la votación sobre el mecanismo de reubicación de refugiados en 2015, que provocó una fuerte brecha en la opinión tradicionalmente unitaria de la UE.

En definitiva, es un proceso reflejo de una idea que no es nueva, pero que está ganando fuerza: la Europa de múltiples velocidades. Países como Alemania, Francia, Italia y España tratan de poner coto a esa noción, y en la actualidad se discuten importantes procedimientos que deberían reforzar la cooperación de los Estados miembro. Uno de ellos, de inminente creación, es la Fiscalía Europea contra el fraude.

Según la predicción de VoteWatch Europe, la votación por mayoría cualificada será cada vez más usada en los próximos años, lo cual no es, necesariamente, una ventaja para los países con más población (ilustrado con la derrota de Alemania en la votación del PIF). Queda en el aire la duda de si los países más adeptos a la integración serán capaces de frenar las fuerzas centrípetas que amenazan las grandes agendas políticas de la UE.