El Gobierno, en la reunión de este viernes del Consejo de Ministros, la última del año, ha aprobado un Real Decreto con los nuevos requisitos que Fomento ha impuesto a las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), como Uber y Cabify. Estas medidas “facilitarán una convivencia ordenada y equilibrada” entre este colectivo y el del taxi, afirma el Ejecutivo.
Se trata, según la referencia del Consejo de Ministros, de un conjunto de medidas que permitan “un control más eficaz de los requisitos que deben cumplir los operadores de dicha actividad”. De esta manera “se impedirán las prácticas especulativas de aquellos que hubieran solicitado licencias de VTC con objeto únicamente de lucrarse con su inmediata reventa, sin intención de operarlas”.
Para conseguir esto se introduce una disposición que “impide la transmisión de autorizaciones durante un límite temporal de dos años desde su otorgamiento original”.
Asimismo, se incluye la creación de “un registro único a nivel estatal al que deberán comunicarse los servicios de VTC con carácter previo a su realización”. Con este registro se busca reforzar “las garantías en la exigencia de la contratación previa del servicio de alquiler de vehículos con conductor, lo que evitará que en la práctica se produzcan incumplimientos, facilitando la labor de los servicios de inspección”.
Por otra parte, también se podrá “controlar de manera eficaz el criterio de habitualidad por parte de los servicios de inspección y control, ya que la normativa vigente permite a las empresas de VTC realizar un máximo del 20 por 100 de sus servicios (contabilizado trimestralmente) fuera del territorio de la Comunidades Autónomas que haya otorgado la correspondiente autorización”.
En definitiva, sostiene el Gobierno, se quiere “garantizar que los vehículos con autorización VTC sean precontratados, evitando la captación de viajeros circulando por las vías públicas o mientras están estacionados en los lugares de concentración y generación de demanda de estos servicios”.
Para terminar, el Real Decreto aprobado impone que “los vehículos a adscribir a nuevas autorizaciones VTC, aunque estas hayan sido obtenidas mediante sentencia, deben cumplir los requisitos vigentes en este momento, con independencia de los que estuvieran vigentes en el momento en que se realizó la solicitud original de la correspondiente autorización, con el fin de garantizar una calidad en la prestación de estos servicios”.
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