Este año puede terminar con 263 millones de nuevos pobres, hasta alcanzar los 860 millones

«Si no se toman medidas radicales e inmediatas, podríamos estar ante el mayor aumento de los niveles de la pobreza extrema y sufrimiento de la humanidad del que se tiene constancia», ha advertido el director de Oxfam Intermón, Franc Cortada, al tiempo que añade que «este panorama es aún más desolador» si se tiene en cuenta «los billones de dólares acaparados por un puñado de hombres poderosos sin ningún interés por frenar esta escalada».

El documento, titulado ‘Tras la crisis, la catástrofe’, publicado con motivo de las reuniones de primavera del Banco Mundial y el FMI en Washington DC, apunta que, para finales de este año, un total de 860 millones de personas podrían vivir en situación de pobreza extrema (con menos de 1,9 dólares al día).

Esto también se reflejaría en los niveles de hambre a nivel mundial, según añade el informe, pues el número de personas que padecen desnutrición podría alcanzar los 827 millones este año.

El Banco Mundial había estimado que la COVID-19 y el empeoramiento de las desigualdades podrían llevar a la pobreza extrema a 198 millones de personas más a lo largo de 2022, revirtiendo así dos décadas de avances.

Basándose en los estudios del Banco Mundial, Oxfam Intermón ahora estima que solo el aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial sumiría en la pobreza extrema a 65 millones de personas más, alcanzándose un total de 263 millones este año, lo que equivale a las poblaciones del Reino Unido, Francia, Alemania y España juntas.

Respecto a España, la ONG advierte de que la subida del IPC hasta el 9,8% en marzo, la más alta registrada desde mayo de 1985, supone ya una pérdida global de poder adquisitivo (16.700 millones de euros, según FUNCAS), y afecta especialmente a los hogares con rentas más bajas.

Esta situación, según advierte Oxfam, coloca al país en una realidad de crisis de inflación que agrava la situación generada por la COVID-19, donde en el primer año de pandemia, más de un millón de personas pasaron a encontrarse en situación de carencia material severa y el impacto económico y social del virus ya implicó que más de 600.000 hogares pasaran a vivir sin ningún tipo de ingreso.

El informe también muestra que la pobreza está agravándose en países enteros y critica que los Gobiernos «continúan sin aumentar los impuestos a los más ricos». Según precisa, un impuesto anual sobre el patrimonio –comenzando en tan solo un 2% para las fortunas millonarias y llegando al 5% en el caso de las milmillonarias– podría generar 2,52 billones de dólares cada año, «suficiente para sacar de la pobreza a 2.300 millones de personas».

«Rechazamos la idea de que los Gobiernos no tienen fondos o medios suficientes para sacar a todas las personas del hambre y la pobreza y garantizar su salud y bienestar. Por el contrario, lo que sí vemos es una total falta de creatividad económica y voluntad política para hacerlo», ha subrayado Cortada.

CONDONAR LA DEUDA DE LOS PAÍSES POBRES

Ante esta situación, Oxfam lanza algunas recomendaciones como que el G20, el Banco Mundial y el FMI incrementen la ayuda a los países pobres y condonen su deuda «de forma inmediata».

También propone incrementar los fondos de ayuda y destinar nuevos fondos a sufragar la respuesta en Ucrania y para la acogida de personas refugiadas, «en lugar de desviar los fondos destinados a hacer frente a otras crisis en países más pobres».

Entre otras medidas, también sugiere reasignar al menos 100.000 millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG) sin que esto suponga más deuda o la imposición de medidas de austeridad para el conjunto de los países; adoptar medidas para proteger a las personas frente al aumento de los precios de los alimentos, y crear un fondo global de protección social para ayudar a los países más pobres.

Al Gobierno español le pide que juegue «un rol de liderazgo y solidaridad en el plano internacional» para contribuir de forma significativa a las medidas encaminadas a la reducción de la desigualdad y la pobreza; que implemente un Plan Nacional «ambicioso» con un paquete amplio de medidas de protección social y de suficiencia tributaria y que tenga en cuenta al resto de actores políticos; y que ponga en marcha, «con urgencia», un impuesto temporal a los beneficios extraordinarios que pudieran obtener las empresas energéticas.

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