España trabaja en un plan para llevar vacunas contra el coronavirus a los campamentos saharauis

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España trabaja en un plan para llevar vacunas contra el coronavirus a los campamentos saharauis

"Está prevista la donación de vacunas a la población saharaui y el Ministerio se encuentra trabajando para encontrar el mecanismo más eficaz que permita que las dosis lleguen e la población y puedan ser inoculadas".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares / Foto: Ministerio de Exteriores

El Gobierno de España afirma trabajar en el diseño de un plan que permita llevar vacunas contra la covid-19 a los campamentos de desplazados saharauis en Argelia, según señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores en una respuesta por escrito a un senador.

«Está prevista la donación de vacunas a la población saharaui y el Ministerio se encuentra trabajando para encontrar el mecanismo más eficaz que permita que las dosis lleguen e la población y puedan ser inoculadas», señala la Cancillería española.

El senador Carles Mulet, de la formación progresista Compromís, formuló una pregunta por escrito al Gobierno de España para conocer el estado de las donaciones de vacunas para la población saharaui.

En concreto, la pregunta de Mulet recuerda que el Gobierno de España declaró la asistencia a los saharuis como prioritaria dentro de su estrategia de reparto de vacunas, que prevé haber completado la donación de 50 millones de dosis a varios países del mundo –sobre todo de Latinoamérica– para el primer trimestre de 2022.

En su pregunta –formulada el 22 de octubre–, Mulet recuerda que por aquel entonces solo el 0,56 por ciento de los refugiados saharauis se había vacunado contra la covid-19 en los campamentos de Tinduf, a los que unicamente llegaron 38.200 dosis, ninguna de ellas procedente de España.

La respuesta del Ministerio de Exteriores, que no pone fecha al envío de las primeras remesas de vacunas para población saharaui, argumenta que la donación «implica un plan logístico y legal específico para cada contexto humanitario», por lo que «se ha de acordar con una contraparte humanitaria que pueda asumir las complejas responsabilidades sanitarias y legales».

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