Ayudas familiares
Las prestaciones familiares forman parte esencial de los sistemas de seguridad social y son determinantes para reducir la pobreza infantil. Sin embargo, las diferencias entre países europeos son notables, tanto en cantidad como en enfoque. Los últimos datos de Eurostat reflejan un mapa desigual que evidencia la brecha entre el norte y el oeste de Europa frente al sur y el este.
Las prestaciones más altas se concentran en el norte y oeste de Europa, y las más bajas en el sur y este
En 2022, los países de la Unión Europea destinaron una media de 830 euros por persona a prestaciones familiares, un incremento del 47% respecto a los 566 euros de 2012. Luxemburgo se sitúa a la cabeza con 3.789 euros por persona, seguido de Noruega (2.277), Dinamarca (1.878), Islandia (1.874), Suecia (1.449) y Finlandia (1.440).
Las cifras más bajas corresponden a Bulgaria, con 211 euros, y España, con apenas 427, muy por debajo de la media comunitaria. En el conjunto de Europa, incluyendo países candidatos y miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, Albania es el último de la lista con 48 euros, seguido de Turquía (57) y Bosnia y Herzegovina (59).
Las prestaciones más elevadas se concentran en el norte y el oeste de Europa, mientras que el sur y el este mantienen niveles más reducidos, reflejando realidades económicas y prioridades políticas muy diferentes
Expertos como Anne Daguerre, de la Universidad de Bristol, subrayan que países como Francia o los nórdicos destinan gran parte de su esfuerzo a servicios en especie, como la educación infantil, que no siempre se contabilizan en las cifras monetarias por persona. Alemania (1.616 euros), Suiza (1.375), Austria (1.340) e Irlanda (1.026) se sitúan también en posiciones destacadas.
España e Italia (524 euros) figuran entre las grandes economías de la UE con menor inversión en ayudas familiares, lo que, según los analistas, tiene un impacto directo en las tasas de pobreza infantil y en la capacidad de conciliación de las familias trabajadoras
Entre 2012 y 2022, el gasto medio por persona en prestaciones familiares aumentó un 47% en la UE, lo que equivale a 264 euros adicionales por habitante. Polonia lideró el crecimiento porcentual con un aumento del 320%, seguida de Letonia (245%), Rumanía (227%) y Lituania (198%). Solo Noruega (-5%) y Chipre (-18%) redujeron sus cifras.
En términos absolutos, los mayores incrementos se registraron en Islandia, con 980 euros más por persona, Luxemburgo, con 819 euros, y Alemania, con 558 euros adicionales.
País | Gasto por persona (€) |
---|---|
Luxemburgo | 3.789 |
Noruega | 2.277 |
Dinamarca | 1.878 |
Islandia | 1.874 |
Suecia | 1.449 |
Finlandia | 1.440 |
Alemania | 1.616 |
España | 427 |
Bulgaria | 211 |
Albania | 48 |
Europa central y oriental ha registrado los mayores incrementos porcentuales, impulsados en gran medida por políticas de fomento de la natalidad
En países como Hungría y Polonia, el fuerte aumento del gasto responde a políticas pronatalistas dirigidas a elevar la natalidad y reforzar modelos familiares tradicionales. Lituania, por su parte, introdujo en 2018 una prestación universal por hijo con el objetivo de reducir la pobreza infantil y garantizar el acceso a las ayudas para familias de bajos ingresos.
En el sur de Europa, Grecia y Chipre muestran estancamiento o incrementos modestos, a pesar de tener tasas de fertilidad muy bajas. Según los expertos, la falta de inversión sostenida en políticas familiares limita el impacto de estas ayudas en la demografía y en la reducción de la desigualdad.
La Comisión Europea define las prestaciones familiares como todas las ayudas en especie o en metálico destinadas a cubrir gastos familiares, incluidas aquellas que compensan la pérdida de ingresos cuando uno de los progenitores deja de trabajar. Entre ellas se incluyen subsidios parentales, ayudas por crianza, asistencia para el cuidado de los hijos y programas de apoyo a familias con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.
En la práctica, su impacto es claro: las parejas monoparentales con dos hijos a cargo registran una renta neta significativamente superior en relación con su salario bruto gracias a estas ayudas, mejorando así su capacidad económica y su calidad de vida.
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