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Según han informado a Europa Press en fuentes del Ministerio de Economía, el Ejecutivo ha solicitado tiempo adicional para responder al requerimiento y espera que la Comisión Europea responda a su vez en los próximos días. El plazo máximo es de unas seis semanas.
La solicitud de prórroga se ha producido en los últimos momentos que tenía el Gobierno originalmente para responder, pues el plazo original vencía esta semana, tal y como adelanta el diario elEconomista.
Las dudas del Ejecutivo comunitario van desde la consideración de que la transposición de dos leyes europeas necesita un cambio profundo hasta las dudas sobre si la intervención del Gobierno en la operación responde a un verdadero motivo de interés general.
Asimismo, la opinión de Bruselas es que en cuestiones bancarias no cabe elevar la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo de Ministros. Con todo, este proceso no afectará en la práctica a la operación de BBVA sobre el Sabadell, ya que lo que preocupa a la Comisión es cómo la legislación española no está lineada con el Derecho de la UE.
Ya en julio, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa aseguró que cooperaría constructivamente para explicar y aclarar “cualquier diferencia jurídica o técnica”.
La postura del Ministerio es que la normativa que cuestiona Bruselas lleva bastantes años vigente y desde su aprobación se ha aplicado en varias ocasiones. La ley de Defensa de la Competencia se aprobó en 2007, mientras que la ley de Solvencia de las Entidades de Crédito se aprobó en 2014.
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