La vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera
“En situaciones excepcionales, debe permitirse a los Estados miembros adaptar la formación del precio de la electricidad a sus situaciones específicas”, dice el texto recogido por el diario, que propone “desvincular” el efecto del elevado valor del gas sobre el precio final de la energía para beneficiarse en la factura final del menor coste de las energías limpias.
En concreto, el Gobierno pretende romper con el actual mecanismo de fijación de precios marginalista, en el que la energía más cara que entra en el sistema marca el precio de todo el resto de fuentes. El sistema ha disparado las tarifas de la electricidad como consecuencia del encarecimiento a escala global del precio del gas.
“En estas circunstancias extraordinarias, en lugar de la señal de precio marginal pura (contaminada por los picos de los precios del gas), el precio de la electricidad se obtendría como un precio medio con referencia también al coste de las tecnologías limpias inframarginales (especialmente las renovables)”, recoge El País. “El precio de la electricidad estaría directamente vinculado a los mix de producción nacionales, protegiendo al mismo tiempo a los consumidores de volatilidades excesivas y permitiéndoles participar en los beneficios que proporciona un mix de generación más barato”.
“Tiempos excepcionales exigen medidas excepcionales con carácter de urgencia”, asevera al texto con el que España llega este martes a la cita en Luxemburgo. Y en el que detalla cómo cada incremento de 1 euro por MWh en el precio del gas natural representa 2.700 millones de euros al año en costes adicionales de electricidad para todos los consumidores europeos, “desviando recursos de la transición energética y la recuperación económica”.
Sin embargo, España no lo tendrá fácil para que Bruselas le dé permiso. De hecho, el documento español se conoce después de hacerse pública una carta firmada por nueve países, liderados por Alemania, Austria, Países Bajos, Irlanda y Finlandia, en la que se avisa que “no podemos apoyar ninguna medida que entre en conflicto con el mercado interior del gas y la electricidad, como por ejemplo una reforma ad hoc del mercado mayorista de la electricidad”.
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