La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. (Foto: Eduardo Parra / Europa Press)
Desde el pasado mes de junio la excepción ibérica se aplica en España y Portugal con el objetivo de limitar el precio del gas para la generación de electricidad para reducir la factura de la luz. Y así ha sido. El recibo ha bajado de manera notable en muchos hogares. Ahora, ante su próximo fin en mayo, el Gobierno ha mostrado su deseo de que siga vigente.
“Tenemos la intención de pedir que hasta no se haya modificado la regulación europea se pueda extender la aplicación de esa solución ibérica”. El Gobierno planteará a la Comisión esa extensión de solución ibérica más allá de mayo de 2023 “hasta tanto dure esta crisis y hasta tanto no se haya actualizado la regulación europea”.
Según ha recordado la vicepresidenta y ministra, hasta el 31 de diciembre el precio del gas se topó a 40 euros/MWh y a partir de ahí, subirá en cinco euros/MWh al mes hasta el citado mayo. La propuesta del Ejecutivo es que se sitúe entre los 45 y los 50 euros y que se pudiera prorrogar, “por lo menos”, hasta final del 2024.
Precisamente, esta misma mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros debatirá la reforma del mercado eléctrico que enviará a Bruselas. Según ha avanzado en la VII Conferencia de Embajadores, dicha reforma debe tener un “doble propósito”. Por un lado, “facilitar el despliegue de las energías renovables, que es lo que nos va a garantizar autonomía energética frente al chantaje de Putin”. Por otro, “velar por el reparto equitativo de rentas entre consumidores y productores de energía en una situación de tensión y crisis de los mercados de materias primas”.
Asimismo, va a aprobar este martes la participación de España en los cuatro primeros proyectos de hidrógeno renovable de la UE.
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