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A principios de 2025, el 5% más rico de la población de la eurozona controlaba el 45% de la riqueza neta de los hogares, y el 10% acumulaba un 57,4%, según el Banco Central Europeo. Este panorama ha alimentado iniciativas políticas y sociales que reclaman una mayor contribución de las grandes fortunas, aunque también ha generado resistencia en sectores empresariales y financieros.
En España, el impuesto sobre el patrimonio se aplica de forma progresiva a patrimonios superiores a 700.000 euros, con tipos entre el 0,16% y el 3,5%. Los residentes tributan por sus activos globales, mientras los no residentes lo hacen solo por los bienes situados en territorio español.
En 2022, el Gobierno sumó además el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, inicialmente temporal, pero consolidado después como permanente. Este tributo grava fortunas superiores a 3 millones de euros con tipos entre el 1,7% y el 3,5%.
El debate en España se enmarca en un contexto europeo más amplio. Según la OCDE, en 2023 el país recaudó 3.100 millones de euros por este concepto, apenas el 0,21% del PIB.
La recaudación de España por impuestos al patrimonio sigue siendo reducida en comparación con su impacto político y social
Noruega aplica un tipo del 1% sobre patrimonios netos superiores a 1,7 millones de coronas noruegas (145.425 euros) hasta 20 millones (1,71 millones de euros). A partir de ese umbral, el tipo se eleva al 1,1%. El impuesto se reparte entre los municipios (0,7%) y el Gobierno central (0,3%).
En Suiza, la situación es más compleja. Cada cantón fija sus propios umbrales y tipos, lo que genera diferencias significativas. En Zúrich, por ejemplo, el gravamen empieza a aplicarse a partir de los 80.000 francos suizos (85.560 euros) para solteros, y 159.000 francos (170.090 euros) para matrimonios o familias monoparentales. Los tipos oscilan desde el 0,05% hasta el 0,3% para patrimonios de más de 3,5 millones de euros.
En Suiza, los bajos umbrales de exención hacen que el impuesto alcance también a sectores de la clase media
| País | Recaudación (mill. €) | % ingresos fiscales | % PIB |
|---|---|---|---|
| Suiza | 9.500 | 4,3% | 1,16% |
| España | 3.100 | 0,6% | 0,21% |
| Noruega | 2.700 | 1,5% | 0,90% |
| Francia | 2.300 | 0,2% | 0,10% |
Aunque abolieron el impuesto sobre el patrimonio neto, varios países mantienen gravámenes sobre activos concretos. Francia aplica el impuesto sobre la fortuna inmobiliaria a patrimonios superiores a 1,3 millones de euros en inmuebles. Italia, Bélgica y Países Bajos imponen gravámenes a ciertos activos financieros, pero no a la riqueza global.
En las últimas décadas, el número de países de la OCDE con un impuesto general sobre el patrimonio ha caído drásticamente: de 12 en 1990 a apenas 3 en 2025. Entre los que lo eliminaron figuran Alemania, Suecia, Dinamarca, Austria o Países Bajos.
Los argumentos para su supresión se centran en los altos costes de gestión y la amenaza de deslocalización de capitales. Economistas advierten de que cuando estos impuestos se concentran en grandes fortunas muy móviles, incluso leves subidas pueden desencadenar fugas de capitales hacia jurisdicciones más favorables.
La experiencia de países europeos muestra que los impuestos al patrimonio, aunque populares en el debate político, tienen un impacto limitado en la recaudación y un riesgo alto de deslocalización
La concentración de la riqueza y el bajo rendimiento recaudatorio mantienen abierto el debate. Mientras algunos gobiernos plantean reforzar la fiscalidad sobre las grandes fortunas como herramienta redistributiva, otros se apoyan en la evidencia de las últimas décadas para defender su derogación.
En un escenario de creciente desigualdad, el futuro de los impuestos sobre el patrimonio en Europa seguirá marcado por la tensión entre la justicia fiscal y la movilidad internacional del capital.
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