España no empezará a recibir las cantidades del Fondo de Recuperación hasta el verano

Banderas de la Union Europea

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El Tribunal de Justicia de Bruselas, un majestuoso edificio visible desde casi toda la ciudad, lleva años en obras que no se acaban nunca. Ahora las autoridades belgas creen que podrán destinar parte del Fondo de Recuperación y Resiliencia (FRR) a concluir las reparaciones. La propuesta ha levantado una polvareda enorme en Bélgica y ha llegado al seno de la Comisión Europea, la autoridad competente -que no se pronuncia al respecto aún- para decidir a qué se dedica y cómo el dinero previsto para salir de la crisis provocada por la pandemia. Ese monumental presupuesto del Next Generation EU de 750.000 millones de euros, en el que está incluido el FRR, que beneficiará sobre todo a Italia y España.

Este es uno de los muchos ejemplos polémicos que van a conocerse a partir de ahora. La Unión Europea (UE) quiere que las cantidades otorgadas a cada país tengan fines muy concretos de reactivación y modernización económica y, en ningún caso, sirvan para gastos generales o para tapar agujeros en los presupuestos nacionales. Y examinarán con lupa cada uno de los planes nacionales que se presenten al respecto. El español, por cierto, es uno de los que más avanzados está.

El dinero empezará a llegar, en el mejor de los casos, a partir de julio próximo, si todo sale como está previsto en estos momentos. Cualquier dificultad que pueda surgir en el proceso político y administrativo supondrá un retraso añadido. La situación es la siguiente: El Parlamento Europeo aprobó el 9 de febrero el reglamento de ese Fondo. Ahora, antes de abril, los 27 países tienen que aprobar en sus cámaras legislativas la autorización para el endeudamiento (Croacia, Chipre, Portugal y Eslovenia, ya lo han hecho). Es imprescindible la unanimidad y solo hay cierta preocupación con Holanda, un país en el que se celebran elecciones este año, que cuenta con un parlamento muy dividido y que fue el que más se opuso a la creación de estos fondos extraordinarios.

Cada país tendrá que presentar un plan nacional en el que establezca sus prioridades y el destino de las cantidades que le corresponden. España ya anunció en octubre pasado sus objetivos y ahora está negociando con la Comisión los detalles del mismo, antes de entregarlo formalmente que no será hasta marzo o abril próximos.

El verdadero caballo de batalla es el Fondo de Recuperación y Resiliencia. A España le corresponden 140.000 millones de euros a fondo perdido y en préstamos.

Una vez que se confirme el acuerdo de todos los parlamentos nacionales y los planes estén presentados en Bruselas, la UE podrá acudir a los mercados a pedir prestado el dinero. Y éste empezará a fluir normalmente a partir de julio si todo sale como está previsto y como máximo habrá dos pagos anuales, cada seis meses.

LAS CANTIDADES

Los 750.000 millones de euros del Next Generation EU está formado por tres fondos: el de Recuperación y Resiliencia (672.500 millones), el React UE (47.500 millones) y el complemento a los fondos presupuestarios actuales (30.000 millones). A España le corresponden 12.400 millones del React UE destinado a paliar los efectos directos de la crisis (sistema sanitario, apoyo pymes, desempleo, etc.) de los cuales se repartirán 10.000 millones entre las comunidades autónomas (las que más recibirán son Andalucía, Cataluña y Madrid). Los complementos están vinculados a los programas que ya están en vigor y vienen a reforzar su potencialidad.

Next Generation UE

El verdadero caballo de batalla es el Fondo de Recuperación y Resiliencia. A España le corresponden 140.000 millones de euros a fondo perdido y en préstamos. La Comisión ha establecido cinco grandes criterios sobre donde tiene que ir a parar el dinero: transición verde, digitalización, competitividad y productividad, cohesión social y territorial, resiliencia institucional y juventud e infancia. Todo eso tendrá que ir incluido en los planes nacionales y Bruselas examinará cada uno un sistema de evaluación basado en once criterios, como que, por ejemplo, se aborden las reformas que exige la Comisión en sus planes semestrales; que sirva para el crecimiento económico; que contribuya a la transición verde (al menos el 37% del total) y que facilite la transición digital (al menos el 20% del total). Eso significa que, de acuerdo con las previsiones del semestre, a España le van a exigir una reforma a fondo del mercado de trabajo y de las pensiones. Y, por supuesto, reducción de deuda y de déficit público, aunque ahora está suspendido el Plan de Estabilidad que obliga a ello. Y que ponga el acento en otros muchos aspectos: investigación, eficiencia energética, eficacia de la administración, armonización de los servicios sociales y educativos entre comunidades.

Traducido todo eso significa, en asuntos concretos, que hay potenciar la energía renovable (200 GWz en 2030), y para 2025: duplicar la renovación de edificios; construir un millón de estaciones de recarga para vehículos eléctricos; que haya 5G hasta en las zonas más remotas; se duplique el número de empresas con big data y que, al menos cuatro de cada cinco graduados en FP, tenga trabajo.

Generalmente España es uno de los países europeos que menos ejecuta con las cantidades aportadas por Bruselas en los distintos fondos estructurales

PAGOS Y CONTROLES

Los planes nacionales en los que deben figurar todos estos aspectos serán examinados en dos meses como máximo. En el famoso Consejo de julio de 2020 en el que se aprobaron estos fondos extraordinarios, Holanda logró introducir el denominado freno de emergencia, que puede utilizar cualquier país si observa una desviación en el uso de los mismos. Eso retrasará automáticamente un pago al menos tres meses y obligará al examen del Consejo Europeo. Además de los controles ordinarios de la Oficina Anti-fraude y del Tribunal de Cuentas se creará una base de datos con los beneficiarios últimos de las cantidades comprometidas. Transparencia al máximo.

La gran aportación del FRR tendrá que estar finalizada en 2026, puesto que se trata de un importe destinado a la recuperación económica y cuanto primero se ejecute, mejor. Desde este mes de febrero, los estados ya se pueden desarrollar actividades que puedan ser subvencionadas por esos fondos.

EL CASO ESPAÑOL

Generalmente España es uno de los países europeos que menos ejecuta con las cantidades aportadas por Bruselas en los distintos fondos estructurales. A partir de ahora recibirá una cantidad cuatro veces mayor que habrá que gestionar en un breve período de tiempo. Según el eurodiputado de Ciudadanos, integrado en el grupo liberal Renew, Luis Garicano “España no está preparada para este reto”. En unas declaraciones realizadas esta semana en Bruselas cree que nuestro país “ejecuta poco y no gasta todo lo que recibe” y que en, este caso, no se ha tenido en cuenta a las comunidades autónomas y al sector privado para coordinar los proyectos. Asimismo, ha acusado al Gobierno de practicar “el capitalismo de amiguetes” dejando fuera del debate a las pymes y a las empresas que no tiene interlocución directa con La Moncloa. “La falta de controles por agencias independientes, la ausencia de expertos fuera de la administración y a politización es un cóctel muy peligroso” concluyó.

El Gobierno español ha puesto especial énfasis en el significado de esta aportación comunitaria porque servirá, en su opinión, para modernizar el país. Acaba de aprobar un Real Decreto de medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y la ejecución del plan de recuperación. Se trata, sin duda, del mayor reto al que se ha enfrentado una administración española en años. Y tendrá que empezar a ejecutarlo desde ya. Y el dinero no debe ir para obras inacabadas como el alto tribunal belga, aunque los portavoces de la Comisión eviten decirlo públicamente.

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