Mariano Rajoy, presidente del Gobierno
“Globalmente insatisfactorio”. Es el veredicto del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) sobre la actuación de España para acabar con los conflictos de intereses y la prevaricación en el mundo político y judicial del país. La institución critica que no se ha cumplido en su totalidad ninguna de las once recomendaciones que se enviaron a España en 2013 para luchar contra la corrupción. Solo en siete de ellas se ha actuado parcialmente.
En un informe sobre el cumplimiento provisional publicado hoy, el GRECO dice entender el “estancamiento político” durante más de un año a causa de la repetición de las elecciones. Pero no lo considera una excusa a estas alturas y pide “hechos reales” en lugar de “palabras y planes”.
Sobre los miembros del Parlamento, critica que varias recomendaciones esperan ser aplicadas desde hace demasiado, como la creación de un código de conducta para ambas cámaras así como una actualización del sistema por el que los diputados y senadores declaran sus bienes y para prevenir los conflictos de intereses.
En este sentido, se congratula de que ya exista un proyecto para crear un registro de lobbies, pero señala que su recomendación es más amplia: además de dejar constancia de qué grupos de presión tratan de influir en los parlamentarios recomienda implementar un sistema para enjuiciar el comportamiento ético de los diputados y senadores a la hora de beneficiar a determinadas personas u organizaciones desde su escaño.
En el ámbito parlamentario dos de las cuatro medidas han sido obviadas en estos cuatro años y otras dos se han aplicado parcialmente. En el sector judicial ocurre lo mismo y en el de la Fiscalía el órgano encuentra que las tres medidas sugeridas tampoco han sido activadas en su totalidad.
El órgano subraya que, como ya señaló en 2013 al emitir sus recomendaciones en la Cuarta Ronda de Evaluación, “no hay dudas sobre la alta calidad del poder judicial y la fiscalía en España, así como el fuerte espíritu de servicio público y dedicación de los jueces y fiscales individuales”.
Pero recuerda las dos recetas anticorrupción obviadas: un sistema de elección “objetivo” y que se atenga a “requisitos” estables de los altos cargos judiciales, como los miembros del Supremo o la Audiencia Nacional. Por otro lado, el GRECO pidió ampliar la prescripción de hechos constitutivos de sanciones disciplinarias, porque los seis meses actuales son “cortos en la práctica”.
Sobre mejoras aún no completadas, Europa sigue pidiendo un código de conducta para los jueces capaz de regular los conflictos de intereses. España ya ha creó esta norma en 2016 pero aún no ha puesto en marcha la anunciada Comisión de Ética Judicial.
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